Julio Alberto Emmed

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal (Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires).

¿A quién se demanda?

Julio Alberto Emmed.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión de la condena por robo simple, robo calificado y privación ilegal de la libertad calificada, y aplicación del beneficio de la ley 23.521 (obediencia debida).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la queja y al recurso extraordinario, y se dejó sin efecto la sentencia apelada, devolviendo la causa al tribunal de origen para un nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la admisibilidad: "la vía de impugnación creada por el artículo invocado por la cámara resulta apta para atacar las resoluciones dictadas en las hipótesis que la ley contempla y no para cuestionar el auto que hace lugar a la revisión de sentencia con sustento en el artículo 1º de esa norma, por lo que resulta infundada la decisión que deniega el recurso extraordinario, máxime cuando ha sido el propio tribunal el que señaló la inaplicabilidad del procedimiento establecido por la ley 23.521 e impuso a la petición del condenado el trámite previsto por el código de procedimientos provincial, del que después se apartó."

Sobre el fondo: "no se advierte en la resolución recurrida una errónea interpretación de la ley federal, como lo sostiene el Señor Procurador General, sino una inadecuada apreciación de la prueba en cuanto afirma que los hechos por los que Emmed fue condenado son de aquellos que se cometieron con el propósito o en ocasión de combatir la subversión."

"la sentencia cuestionada incurre en la arbitrariedad de valorar parcial y aisladamente las manifestaciones del peticionante, sin integrarlas o armonizarlas con los restantes elementos probatorios, por lo que debe ser descalificada conforme a la doctrina de Fallos: 297:100 y 303:2080."

El Procurador General había dictaminado por revocar la decisión que consideró aplicable la ley 23.521 y rechazar la pretensión del procesado, con base en una interpretación que, a su juicio, distorsionaba el alcance del artículo 1º de la ley 23.521 en relación con el artículo 10 de la ley 23.049. La Corte, sin embargo, fundó su decisión en la arbitrariedad probatoria y no en la interpretación de la ley federal.