Ricardo J. del Val

Actor (recurrente): Ricardo Jaime Del Val, ex gobernador de la Provincia de Santa Cruz.

¿A quién se demanda?

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, Sala Juzgadora, en el juicio político seguido contra el gobernador.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cuestionamiento de la constitucionalidad del artículo 19 de la ley provincial 13 (causales de recusación y excusación) y de los plazos y procedimiento del juicio político, con invocación de la garantía de defensa en juicio (art. 18 CN y art. 8 CADH).

¿Qué se resolvió?

se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada, que había rechazado la tacha de inconstitucionalidad y la alegada arbitrariedad del juicio político.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La garantía de la defensa en juicio está sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que sólo pueden ser constitucionalmente impugnadas cuando resulten irrazonables, o sea cuando los medios que arbitren no se adecuen a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta iniquidad."

"Limitar las causales de recusación y excusación de los integrantes del órgano político controlador no aparece como un arbitrio inadecuado a las exigencias del buen funcionamiento de los poderes públicos y a la naturaleza de la responsabilidad del funcionario sujeto al control."

Sobre los plazos: "tal insistencia no se sustenta con la demostración concreta de las pruebas o defensas omitidas y su relevancia para la solución del caso... En tales condiciones, el agravio carece de la debida fundamentación."

"El juicio político es una atribución propia de la legislatura para acusar y juzgar a los altos funcionarios por su conducta política, y ello debe ser tenido especialmente en cuenta cuando el poder judicial interviene para controlar si se han afectado derechos constitucionales."

¿Cómo votaron los jueces?

sostuvieron que "el denominado proceso de juicio político... no transforma el sistema de gobierno fundado en la separación de poderes" y que, si se vulnera el debido proceso, corresponde reparar el derecho a la permanencia en el cargo. Estimaron que no se corrió traslado de la prueba documental (más de tres mil fojas), que el plazo de descargo era exiguo y que correspondía declarar la nulidad de la resolución destitutoria con base en el art. 16 de la ley 48.

¿Cómo votaron los jueces?

sostuvo que la organización de procedimientos de responsabilidad política de funcionarios provinciales es competencia exclusiva local (art. 105 CN) y que, salvo apartamiento inaceptable de las restricciones del art. 5 CN, su revisión debe agotarse en el ámbito provincial; por ello propuso desestimar la queja.