Juan L. Ferrer Martinez V, J. Mlneti1 y Cla. Ltda. S.a.

¿Quién es el actor?

Juan L. Ferrer Martínez (ingeniero, interviniente en el proyecto de obra).

¿A quién se demanda?

J. Minetti y Cía. Ltda. S.A. (la empresa recurrente).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

regulación de honorarios del actor en la ejecución de sentencia laboral, con base en el porcentaje del 70% previsto en el art. 79, inc. b, del decreto-ley 1332, y el alcance del porcentaje reconocido en la sentencia firme.

¿Qué se resolvió?

se declara procedente el recurso extraordinario sólo en cuanto a la objeción sobre el porcentaje de honorarios, se deja sin efecto la sentencia y se devuelven los autos al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo. Se desestimaron los agravios referidos a la base económica, a la indemnización por trabajo frustrado y a la prescripción, por tratarse de cuestiones de interpretación del fallo y de derecho procesal local, ajenas a la instancia federal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que les son privativas (Fallos: 300:944; 301:1067, entre otros)." (considerando 3°).

"...lo atinente a la regulación de honorarios no habilita, en principio, la instancia federal..." no obsta a la intervención cuando "la solución del a quo prescinde de lo decidido con autoridad de cosa juzgada" (considerando 4°).

En la sentencia firme se dispuso que "a 'fin de satisfacer económicamente la intervención del actor en el proyecto de obra, corresponde reconocerle un 5% del porcentaje del 70% previsto en el art. 79, inc. b, del decreto-ley 1332...'" (considerando 5°), y al rechazar la aclaratoria el a quo sostuvo que el pronunciamiento "era claro y terminante en cuanto a los porcentajes allí fijados" (considerando 5°).

"...la estabilidad de las sentencias judiciales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica -que prevalece aún ante la evidencia de un error- sin la cual no hay en rigor orden jurídico, y es, además, exigencia de orden público" (considerando 7°).

La invocación de "la necesidad de efectuar una interpretación integral de la resolución definitiva y la invocación del principio de equidad contemplado en el art. 907 del Código Civil" fue considerada "meras afirmaciones dogmáticas frente a una decisión concreta sobre el punto", lo que autoriza a descalificar el fallo como acto jurisdiccional (considerando 8°).

Existe relación directa e inmediata con las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional y el art. 15 de la ley 48 (considerando 9°).