Ricardo Francisco Malinas c/ Nacion Argentina (poder Ejecutivo Nacional)

¿Quién es el actor?

Ricardo Francisco Molinas, Fiscal General de Investigaciones Administrativas.

¿A quién se demanda?

Poder Ejecutivo Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

nulidad del decreto 265/91 que dispuso su separación del cargo y su reincorporación.

¿Qué se resolvió?

por mayoría, se hizo lugar al recurso extraordinario del Poder Ejecutivo, se revocó la sentencia apelada y se rechazó la acción de amparo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ni la circunstancia de que el funcionario haya sido nombrado con acuerdo del Senado supone que para su remoción deba aplicarse el procedimiento establecido por el artículo 45 de la Constitución Nacional" (considerando 6).

"La remoción de quien ocupa el cargo de que se trata puede ser dispuesta mediante un acto emanado del Poder Ejecutivo Nacional, a quien la ley orgánica acuerda la potestad de designarlo (art. 2° de la ley 21.383)" (considerando 9).

"[L]a conducta que se juzgó incompatible con los requerimientos del art. 2° de la ley 21.383, debe ser entendida en función de las graves responsabilidades que pesan sobre el Fiscal General y en la medida de su inevitable incidencia en el desempeño de la delicada labor de control que la ley le ha confiado" (considerando 14).

"[L]a fundada sospecha que recae sobre un funcionario público de haber cometido delitos dolosos contra la administración pública y la fe pública, derivada del dictado del auto de procesamiento, es causa suficiente y razonable para que resulte inadmisible la permanencia en su función" (considerando 20).

¿Cómo votaron los jueces?

el Dr. Fayt sostuvo que la remoción debía hacerse por juicio político, conforme a los arts. 45, 51 y 52 CN y al reenvío del art. 2° de la ley 21.383. El Dr. Belluscio sostuvo que el procesamiento no acredita la mala conducta y que el acto carecía de causa válida, por lo que correspondía confirmar. El Dr. Petracchi sostuvo que el procesamiento no equivale a la prueba de mala conducta, que se requería sumario con debido proceso y que el decreto carecía de causa, por lo que también correspondía confirmar.