BOSCH, JOSE LUIS c/ AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO s/AMPARO LEY 16.986

¿Quién es el actor?

José Luis Bosch.

¿A quién se demanda?

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628 (actual art. 82 inc. c, según Decreto 824/2019) en cuanto fija como hecho imponible del Impuesto a las Ganancias los haberes previsionales, y cese de los descuentos que se le practican.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la acción de amparo, se declaró la inconstitucionalidad del art. 82 inc. c) de la ley 20.628 según texto ordenado por Decreto 824/2019, y se ordenó a ARCA comunicar al agente de retención que, desde que quede firme la sentencia, cese en los descuentos sobre el haber previsional del actor, debiendo abstenerse también de perseguir esas sumas por cualquier otra vía. Las costas se impusieron por su orden (art. 68, segundo párrafo, CPCCN). Se regularon honorarios al patrocinante del actor por una etapa del proceso, y se devengarán intereses solo en caso de mora a la tasa del 6% anual. No se regularon honorarios de los letrados de la demandada, por vigencia del art. 7 del Decreto 1204/2001.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...corresponde hacer lugar a la acción y declarar, en el caso concreto, la inconstitucionalidad del art. 82 inc. c) de la ley 20.628, ordenando el cese de las retenciones que se efectúan sobre el haber previsional del actor."

El tribunal sostuvo que la doctrina de la Corte Suprema en "García, María Isabel c/ AFIP" (Fallos: 342:411) establece que la sola capacidad contributiva resulta insuficiente para gravar a jubilados, pensionados, retirados o subsidiados cuando no se pondera la situación de mayor vulnerabilidad derivada de la edad u otras circunstancias particulares.

Siguiendo el criterio de la Cámara Federal de General Roca en "Figueroa, Néstor Luis" (FGR 5961/2021/CA1), señaló que las modificaciones de la ley 27.617 no demostraron respuestas diferenciadas que atendieran a esos estándares de vulnerabilidad, y que correspondía a la demandada acreditar que la reforma había eliminado el agravio constitucional invocado.

Sobre la pretensión de la demandada de que se la eximiera de costas por allanamiento, el tribunal indicó: "Si bien el caso no encuadra estrictamente en la norma citada... lo cierto es que la parte ha justificado su omisión en una imposibilidad proveniente del diseño constitucional que impide a un organismo público dejar de aplicar normas que reputa inconstitucionales, sin que un juez previamente lo resuelva en tal sentido, lo que explica su proceder. Ello me lleva a aplicar las costas en el orden causado".