FERRARI, MATIAS c/ OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS s/DESPIDO

¿Quién es el actor?

Matías Ferrari.

¿A quién se demanda?

Omint Sociedad Anónima de Servicios.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnizaciones derivadas del despido indirecto, diferencias salariales, multas de la ley 25323 y art. 80 LCT, y daños por falta de aportes al seguro de retiro complementario La Estrella.

¿Qué se resolvió?

la Cámara modificó la sentencia apelada en cuanto establece que el monto de condena se actualiza de conformidad con el inciso c) del art. 55 de la ley 27802, confirmó en lo demás la sentencia de primera instancia, impuso las costas de Alzada a la demandada vencida y reguló honorarios de primera instancia (512 UMA para la parte actora y 433 UMA para la demandada) y de Alzada (30% de lo regulado en primera instancia para cada parte).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En esta causa, el actor interpuso demanda contra Omint Sociedad Anónima de Servicios con el objeto de percibir indemnizaciones derivadas del despido indirecto en el que se colocó, diferencias salariales y multas legales."

"los testimonios de Cuevas y Dodds resultan plenamente eficaces para acreditar la plataforma fáctica sustancial del reclamo, pues ambos presenciaron de manera directa la concreta labor que desarrollaba el accionante, consistente en la concertación y comercialización de planes de cobertura médica fuera de la sede patronal."

"A ello se suma que la empleadora adoptó una conducta procesal renuente frente a la exhibición y sustanciación de la prueba pericial contable, lo que motivó la operatividad de la presunción legal emanada del art. 55 de la LCT."

"En virtud del principio de primacía de la realidad, la circunstancia de que las ventas estuvieran orientadas a personas jurídicas o empresas de mayor porte bajo la denominación de 'ejecutivo de cuentas corporativas' no altera la naturaleza objetiva de la función, que no es otra que la de venta."

"Frente a la privación ilegítima de dicho beneficio provocada por la evasión patronal de sus cargas específicas, nace la obligación de reparar íntegramente las consecuencias de ese daño patrimonial (art. 777 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación)."

Sobre la actualización, el voto mayoritario sostuvo que, "conforme las pautas legales vigentes del art. 55 señalado, el inciso a) arroja como resultado la suma de $312.374.969,33 que se encuentra por debajo del mínimo de $345.104.450,17 que impone el tercer inciso, voto por modificar la sentencia de primera instancia y establecer que el monto de condena se actualice de conformidad con el inciso c) del art. 55 de la ley 27802".

La Dra. García Vior dejó a salvo su posición contraria a la validez constitucional del art. 55 de la ley 27802, pero adhirió a la solución por razones de economía y celeridad procesal.