SANTA CRUZ HUGO OMAR Y OTROS c/ GENDARMERIA NACIONAL Y OTROS s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Hugo Omar Santa Cruz y otros.

¿A quién se demanda?

Gendarmería Nacional, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y Ministerio de Seguridad.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 679/97, que aumentó del 8% al 11% el aporte previsional sobre los haberes de retiro y pensión, que se ordene el cese de los descuentos y que se restituyan las sumas descontadas con intereses.

¿Qué se resolvió?

Se admitió la excepción de falta de legitimación pasiva de la Gendarmería Nacional y se rechazó la demanda contra ella. Se hizo lugar a la demanda contra la Caja de Retiros, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 679/97 y condenando a reintegrar las diferencias descontadas desde los dos años anteriores a la demanda, con intereses según la tasa pasiva del Banco Central. Se impusieron las costas a la demandada vencida y se difirió la regulación de honorarios hasta contar con liquidación aprobada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En cuanto a la cuestión de fondo, cabe poner de resalto que el carácter invocado de la parte actora no se encuentra controvertido."

"En consecuencia, de conformidad con lo resuelto por el Máximo Tribunal en la causa 'Pino Seberino y otros' antes referida, a cuyos términos me remito, corresponde admitir el reclamo interpuesto con los alcances fijados en el fallo citado precedentemente y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del Decreto 679/97, ordenando el reintegro de los importes descontados con fundamento en dicha norma."

"En dicho pronunciamiento, el Máximo Tribunal destacó, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del Decreto-Ley 22.788, que '…con relación a los agravios que se dirigen a cuestionar la validez del aporte personal fijado por la ley 22.788 … resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal según la cual la modificación de una norma por otra posterior de igual jerarquía no da lugar a cuestión constitucional…'. No obstante, en relación con el Decreto 679/97, resolvió que '…los fundamentos dados por el Poder Ejecutivo Nacional no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia…'. En tales condiciones, corresponde declarar la inconstitucionalidad del decreto 679/97…"

Respecto de la prescripción, el tribunal aplicó el art. 2º de la Ley 23.627 y reconoció las diferencias devengadas hasta dos años antes de la demanda.