MURUA SILVANA BEATRIZ C/ BLEHM DIEGO GABRIEL y otros S/ DESPIDO

¿Quién es el actor?

Silvina Beatriz Murua.

¿A quién se demanda?

Blehm, Diego Gabriel; Olivera, Maria Cristina; Lovato, Rosa Isabel (todos en rebeldía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Despido indirecto por falta de registración del contrato de trabajo que se extendió del 10/06/2008 al 19/03/2021, con reclamo de indemnizaciones por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, SAC y vacaciones, haberes adeudados de diciembre de 2020, certificados del art. 80 LCT, multas de las leyes 24.013 (arts. 8 y 15), 25.323 (art. 2), art. 45 ley 25.345, y duplicación por DNU 39/21 con tope de $500.000.

¿Qué se resolvió?

El tribunal hizo lugar a la demanda por la suma de $5.799.344,36 en forma solidaria, actualizable por C.E.R. más interés puro del 3% anual. Ordenó la entrega de certificados del art. 80 LCT en 30 días bajo apercibimiento de astreintes (fijadas por mayoría en caso de incumplimiento, según el voto del Dr. Dos Santos). Declaró la inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 27.802 (por mayoría, con disidencia parcial del Dr. Dos Santos) y de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). Rechazó la capitalización de intereses del art. 770 inc. b) CCyCN. Impuso costas a los demandados vencidos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la falta de registración y la injuria: "La falta de registración del contrato de trabajo, así como la falta de ingreso de los aportes y contribuciones a la seguridad social, y la persistencia de dichos actos de incumplimiento no obstante la oportuna intimación incoada por la trabajadora, constituyen injuria suficiente para justificar la ruptura del contrato de trabajo (art. 242, Ley de Contrato de Trabajo)" (SCBA LP L 109277 S 05/06/2013, citado en el fallo).

Sobre la inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 27.802: El tribunal sostuvo que "la disposición contenida en el art. 55 de la Ley 27.802 introduce un tratamiento diferenciado para trabajadores que se encuentran en situaciones similares", distinguiéndolos "únicamente en función de una circunstancia temporal vinculada al momento de promoción de la demanda". Señaló que el método "resulta violatoria de diversos derechos consagrados constitucionalmente" (arts. 16, 17 y 14 bis CN) y que la norma "deviene manifiestamente irrazonable e incompatible con el orden constitucional vigente". Citó la doctrina de la SCBA en "Barrios" (C. 124.096, sentencia del 17/4/2024) sobre la insuficiencia de la tasa pasiva en contextos inflacionarios.

¿Cómo votaron los jueces?

"no advierto que el artículo 55 de la Ley 27.802 en crisis vulnere de manera directa o grosera garantías fundamentales que autoricen a este Tribunal a desplazar la voluntad del Poder Legislativo". Invocó la presunción de constitucionalidad de las leyes y la doctrina de la "última ratio".

Sobre el anatocismo: "los jueces tienen la facultad de reducir los intereses frente a una desmesura que provoque daño al deudor", por lo que la capitalización del art. 770 inc. b) CCyCN "resulta excesiva, ello con fundamento en lo normado en el art. 771 del CCyCN".

Sobre las astreintes (disidencia del Dr. Dos Santos): "dichas sanciones no resultan pasibles de una imposición eventual", por lo que deben determinarse "únicamente en caso de incumplimiento".