RICKERT MIRTA MABEL C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Quién es el actor?

MIRTA MABEL RICKERT, docente del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que sufrió un accidente de trabajo el 03/06/2019 al trastabillar durante sus tareas en la Escuela Primaria N°24 de San Isidro.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, empleadora autoasegurada que reasumió la cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo mediante el Decreto 3858/2007.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por incapacidad psicofísica derivada del accidente, con planteo de inconstitucionalidad de diversas normas de la Ley 24.557 y sus modificatorias.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal del Trabajo N° 4 de San Isidro, por mayoría de sus tres miembros, hizo lugar a la demanda y condenó a la Provincia al pago de $216.215,87, con actualización por RIPTE e interés del 3% anual, y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, 4 de la Ley 25.561, el art. 11 de la Ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la Ley 24.557, los arts. 6 ap. 2 inc. b), 21 y 22 de la Ley 24.557 y el DNU 669/19. Rechazó la inconstitucionalidad de los arts. 6 ap. 2 inc. a) y 46 de la Ley 24.557 y de los arts. 3 y 17 inc. 3 de la Ley 26.773.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la prohibición de indexar: "la aplicación literal del inc. 2 del art. 12 de la Ley 24.557 modificado por el art. 11 de la ley 27.348, resulta insuficiente e irrazonable. No cumple la finalidad a la que apunta toda la normativa relativa a la reparación de los infortunios laborales, resultando así violatoria de los preceptos constitucionales del art. 14 bis, 16 y 75 inc. 22". Se remite al precedente "Barrios" de la SCBA (L. 124.096, 18-4-2024), afirmando que "la Suprema Corte ha resuelto que el juez o tribunal interviniente 'debe realizar adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas, en cuanto fuere necesario para observar la incolumidad del crédito'".

Sobre las comisiones médicas: se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 8 ap. 3, 21 y 22 de la Ley 24.557 "en tanto vulneran el acceso a la justicia, el debido proceso, la garantía de juez natural", siguiendo el precedente "Quiroga" (L 75.708) y "Gregorini" (SCBA, Ac. 77513).

Sobre el DNU 669/19: el tribunal lo consideró inconstitucional por no cumplir los requisitos del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, siguiendo "Muzichuk" (SCBA, L. 129800, 14/07/2025).

Sobre el Decreto 549/2025: se declaró su inaplicabilidad, porque la incapacidad se evaluó conforme al baremo del Decreto 659/96 vigente al momento del siniestro y la pericia, y su aplicación retroactiva afectaría la irretroactividad de la ley y la seguridad jurídica.

Sobre la incapacidad: se fijó en 7,3% de la total obrera, combinando el 3% de la pericia médica con el 6% de la pericia psicológica, que fue reducido a la mitad, y considerando el ingreso base mensual de $43.704,29.

Sobre el art. 3 de la Ley 26.773: se aplicó el 20% adicional sobre la indemnización básica, por $36.035,98.

Se dejó constancia de que no resulta aplicable la capitalización del art. 770 inc. b) del CCyCN, porque el RIPTE es un índice de actualización y no una tasa de interés moratorio.