PONCE EDITH IVONNE C/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057

¿Quién es el actor?

Edith Ivonne Ponce, ex trabajadora de Trilenium SA (Casino de Tigre), con tareas de maestranza entre 1999 y 2018.

¿A quién se demanda?

Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de revisión de la resolución de la Comisión Médica N° 39 (que había determinado ausencia de incapacidad), reclamando las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 por la enfermedad profesional denunciada.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda. Se fijó una incapacidad psicofísica del 29,27% de la t.o. (20,19% física por síndrome del túnel carpiano bilateral, con reducción a 10% en la parte psicológica y ajuste por preexistencia del 4%, aplicando la fórmula de Balthazard). Se cuantificó el capital en $1.058.804 más el 20% del art. 3 de la ley 26.773 ($211.760), totalizando $1.270.564, con actualización por RIPTE desde la primera manifestación invalidante e interés puro del 3% anual. Se rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva. Se declaró abstracto el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad y de las Resoluciones SRT 1039/19 y 332/23.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"[...] Quedó debidamente probado en el desarrollo del presente que la actora padeció una enfermedad profesional como consecuencia de los hechos narrados mientras prestaba tareas en favor de su ex-empleadora (art. 6 de la ley 24.557)."

Sobre la legitimación pasiva: "[...] al haberse demostrado que guardan nexo con el trabajo, se impone incorporarlas al ámbito tutelar de dicho cuerpo legal a tenor de lo que prescribe el art. 6.2. b. de la ley 24.557 (texto según DNU 1278/2000), faena de exclusiva competencia de este Tribunal del Trabajo [...]".

Sobre la actualización: "[...] el mecanismo de actualización fijado por el art. 12 de la ley 24.557 resulta ser constitucional o no [...] considero que el mismo deviene notoriamente insuficiente en relación a las circunstancias económicas vigentes en este país, por lo que técnicamente corresponde descalificarlo por inconstitucional."

Sobre el cálculo: "[...] Se impone la indemnidad. Principio que, no es vano recordarlo, en la Provincia de Buenos Aires rige explícitamente por mandato constitucional (art. 39, ap. 3°, Const. Provincial) [...]".

Sobre el baremo: "[...] no corresponde la aplicación del nuevo baremo al presente supuesto, no sólo porque el mismo no se encontraba vigente al momento del siniestro ni de la evaluación pericial [...]".

Nota de mayoría: los tres magistrados votaron en igual sentido, adhiriendo el Dr. Mena y el Dr. Mollo a los fundamentos del Dr. García Cossovich, por lo que no hay votos en disidencia.