GOMEZ DANIEL ALEJANDRO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Quién es el actor?

DANIEL ALEJANDRO GOMEZ, dependiente de MONDELEZ ARGENTINA SA, afiliada a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por incapacidad laboral permanente parcial y definitiva derivada del accidente de trabajo ocurrido el 16/11/2017, con actualización del crédito y cuestionamiento constitucional del mecanismo de actualización previsto en la ley 24.557 (texto según ley 27.348) y del DNU 669/19.

¿Qué se resolvió?

la pericia médica fijó una incapacidad del 7,5% y la psicológica del 10%, pero el Tribunal sostuvo que el porcentaje psicológico no guardaba nexo causal adecuado con el hecho, y fijó la incapacidad psicofísica total en 12,50%. Se calculó el capital mediante la fórmula del art. 14 inc. 2 ap. a) de la ley 24.557, con un monto de $568.035, a lo que se adicionó el 20% del art. 3 de la ley 26.773 ($113.607), totalizando $681.642. Se declaró inconstitucional el DNU 669/19 conforme a la doctrina de la SCBA en "Muzychuk", se declaró la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 y de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561, y se dispuso la actualización por RIPTE con un interés puro del 3% anual. Se rechazó la pluspetición inexcusable y se declaró abstracto el tratamiento de las restantes inconstitucionalidades y de las Resoluciones SRT 1039/19 y 332/23.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por ello, se entiende que en casos excepcionales, es decir, en aquéllos supuestos en los que el tiempo que insumió el proceso judicial lo amerite y en el marco de un grave y persistente proceso inflacionario que aqueja a nuestra economía y altera sustancialmente el valor del crédito controvertido, aún con prescindencia del DNU 669/19, interpreto que a partir de la nueva doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que emana del precedente C. 124.096, 'Barrios, Héctor Francisco y otro C/Lascano, Sandra Beatríz y otra S/Daños y Perjuicios', sent. del 17.04.2024, exige por parte de la judicatura sopesar el impacto de la inflación sobre el valor económico de la prestación debida a efectos de evitar la pulverización real del crédito indemnizatorio reclamado."

"...considero que el mismo [mecanismo de actualización] deviene notoriamente insuficiente en relación a las circunstancias económicas vigentes en este país, por lo que técnicamente corresponde descalificarlo por inconstitucional."

"Consecuentemente, alojada la inconstitucionalidad del artículo 12 inciso 2° de la ley 24.557 exclusivamente en el método empleado para la actualización de los ingresos ..., es preciso adoptar un mecanismo razonable."

"...utilizar una tasa de interés puro del 3% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio en cuestión desde que el crédito se hizo exigible hasta la actualidad (arts. 772 y 1748 Código Civil y Comercial)."

La sentencia no contiene votos en disidencia; los tres magistrados votan en idéntico sentido.