AVILA DANIEL ALBERTOC/ PROVINCIA A.R.T. S.A. Y OTRO/A S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Quién es el actor?

Daniel Alberto Ávila, agente de seguridad del Servicio Penitenciario bonaerense, con ingreso el 11/11/1987.

¿A quién se demanda?

Estado provincial Autoasegurado (la demanda mencionaba a Provincia ART SA, pero el Tribunal tuvo por demandado al estado local autoasegurado, según despacho de fs. 61 y vta.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

resarcimiento sistémico por las secuelas de un accidente ocurrido el 22/2/2011 en el sector carpintería, al apoyar el pie sobre tarimas apiladas en altura y resbalar, con entorsis de rodilla homolateral. Se reclamó además la actualización del crédito y la inconstitucionalidad de normas del régimen sistémico.

¿Qué se resolvió?

se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561) y se hizo lugar a la demanda, condenando al Estado provincial autoasegurado al pago de $12.293.296,99 dentro de 60 días, más una tasa pura del 2% anual desde la PMI hasta que la sentencia quede firme. Desde la mora rige la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Las costas se impusieron a la demandada vencida. Se difirió la mensura de los honorarios (art. 23, ley 14.967).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Incapacidad: la pericia médica (Dr. Funes, 1/8/2025), no impugnada, determinó una incapacidad permanente parcial del 8,54% de la TO atribuible al accidente. El tribunal le otorgó pleno valor convictivo (art. 474, CPCC).

Aceptación del siniestro: al no haber rechazo explícito dentro del plazo reglamentario, el tribunal entendió que operó la aceptación tácita (arts. 3, 4 y 6, dec. 717/96, modificado por dec. 1475/15).

Fecha de consolidación e IBM: PMI 22/2/2011, con el actor de 48 años. IBM determinado según recibos de haberes acompañados, en $3.146,86 (cálculo sin actualizar).

Actualización: el tribunal, siguiendo la doctrina de la SCBA en "Barrios" (17/4/2024) y sus precedentes, sostuvo que la prohibición de indexar del art. 7 de la ley 23.928 resulta inconstitucional sobrevenidamente cuando lleva a resultados desproporcionados y lesivos del derecho de propiedad y de la defensa en juicio. Textualmente: "de no ser posible la solución del entuerto mediante la aplicación de normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital, el acogimiento de la petición o del agravio respectivo ha de completarse con la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561".

Índice aplicable: el tribunal consideró que el RIPTE es el índice adecuado para el fuero, por sobre IPC o CER, tomando como referencia el art. 11 de la ley 27.348. Aplicando el RIPTE (226.607,17 sobre 355,54 de febrero de 2011, coeficiente 637,36) el IBM actualizado fue de $2.005.684,42, y la fórmula de la LRT dio el monto de condena.

Interés: se fijó una tasa pura del 2% anual, aclarando que no equivale a tasa nominal.