MORALES, MARIA JOSE c/ PROVINCIA ART S.A. s/RECURSO LEY 27348

¿Quién es el actor?

María José Morales, empleada de Correo Oficial de la República Argentina S.A., con tareas de manipulación y traslado de urnas.

¿A quién se demanda?

Provincia ART S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo por el accidente ocurrido el 17/11/2023 (incapacidad física parcial y permanente), con actualización e intereses del crédito.

¿Qué se resolvió?

la Cámara confirmó el pronunciamiento de grado en lo principal (incapacidad física del 10,82% de la T.O.) y lo modificó en cuanto al modo de cálculo de los accesorios, que se devengarán en los términos del considerando VI. Dejó sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios de primera instancia, las impuso de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 CPCCN) y reguló honorarios de Cámara en el 30% de lo que corresponda por la instancia de grado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Las observaciones de la recurrente no aparecen acompañadas de elementos médicos o científicos de entidad suficiente para demostrar error en los procedimientos empleados, en los hallazgos objetivos relevados o en el razonamiento seguido por el profesional para establecer la vinculación causal. Por el contrario, el dictamen se sustenta en el examen directo de la trabajadora, mediciones concretas de movilidad y estudios complementarios objetivos, por lo que no encuentro razones que justifiquen apartarse de sus conclusiones (arts. 386 y 477 CPCCN y 116 L.O.)."

"[E]n cuanto al régimen aplicable a la actualización de la prestación, corresponde estar a las previsiones del decreto 669/19 […] Sentado ello, corresponde examinar la validez del decreto 669/19."

"[L]a modificación sólo puede encontrar fundamento en esa autorización en la medida en que su aplicación no conduzca, en el caso concreto, a un resultado inferior al que habría correspondido conforme al régimen sustituido."

"De la comparación efectuada surge que el mecanismo introducido por el decreto 669/19 arroja un resultado superior al que habría correspondido conforme al régimen sustituido."

La jueza García Vior, en su voto, se pronunció por un ajuste RIPTE más una tasa pura del 6% anual, pero adhirió al criterio mayoritario del Tribunal en aras de la economía procesal, por lo que esa postura no integra la decisión.