Incidente Nº 2 - ACTOR: VIOLA, MARIA ESTER DEMANDADO: ANSES s/INC EJECUCION DE SENTENCIA

¿Quién es el actor?

ORDOÑEZ MIGUEL ÁNGEL, derechohabiente de la Sra. VIOLA, MARÍA ESTER, por apoderado.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

ejecución de sentencia (art. 499 CPCCN) para que la ANSeS cumpla lo dispuesto en las sentencias firmes dictadas en autos, abonando las diferencias impagas del haber previsional.

¿Qué se resolvió?

el tribunal aprobó en cuanto por derecho hubiere lugar la liquidación practicada por el perito oficial el 12/03/2026, por la suma de $7.337.808,00 por el período comprendido entre el 07/05/2015 y el 31/10/2025, resultando un haber reajustado al 10/2025 de $427.903,14. Rechazó las excepciones opuestas por la demandada y mandó llevar adelante la ejecución. Ordenó el pago del haber reajustado a partir del mes inmediato posterior a que la resolución quede firme, impuso costas a la demandada (art. 68 CPCCN) y reguló honorarios a la letrada de la parte actora, al perito contador oficial y a la dirección letrada de la demandada, con los aportes correspondientes.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Aun cuando el dictamen pericial no tenga carácter vinculante para el juez, éste para apartarse de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, objetivamente demostradas o inferibles de las circunstancias del caso (...)."

"...la liquidación practicada por el perito designado se ajusta a los parámetros descriptos en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, existiendo diferencias a favor del actor y que le deberán ser abonadas de conformidad con lo dispuesto en los pronunciamientos existentes y que aquí se ejecutan."

Respecto del reajuste de la PBU, el tribunal adhirió a lo resuelto por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en diversas causas.

En cuanto al impuesto a las ganancias en causas previsionales, adhirió al precedente de la CSJN "García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad" (Fallos 342:411) y a fallos posteriores, en virtud del deber de los tribunales inferiores de conformar sus decisiones a los de la CSJN, con invocación de los principios de economía procesal, seguridad jurídica, estabilidad y previsibilidad.

Sobre las excepciones, el tribunal desestimó la falta de acción por entender que su admisibilidad se circunscribe a la falsedad de la ejecutoria (art. 506 inc. 1 CPCCN), extremo no verificado, y omitió pronunciarse sobre las restantes alegaciones por considerarlas inconducentes, con cita de la doctrina de la CSJN según la cual los jueces no están obligados a seguir todas las alegaciones de las partes.