BARBIERI, JULIO CESAR c/ AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO s/AMPARO LEY 16.986

¿Quién es el actor?

Julio César Barbieri.

¿A quién se demanda?

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad del art. 82 inc. c) de la ley 20.628 (texto ordenado por Decreto 824/2019; antes art. 79 inc. c, según Decreto 649/1997), en cuanto grava como ganancias de cuarta categoría los haberes previsionales, y cese de los descuentos de Impuesto a las Ganancias sobre el haber previsional del actor.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la acción de amparo. Se declara la inconstitucionalidad del art. 82 inc. c) de la ley 20.628 en el caso concreto y se ordena a ARCA comunicar al agente de retención que, desde que quede firme la sentencia, cese en los descuentos sobre el haber previsional del actor, debiendo abstenerse de perseguir esas sumas por cualquier otra vía. Las costas se imponen en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, CPCCN). Los honorarios de la parte actora se regulan en $741.937 para cada uno de los dos letrados que actuaron en doble carácter, y no corresponde regular honorarios a los letrados de la demandada (art. 7 Decreto 1204/2001).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"II. Puesto a resolver, cabe señalar que la cuestión relativa a la tributación de los haberes previsionales fue analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 'García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad' (Fallos: 342:411).

En dicho precedente, el Alto Tribunal señaló que, si bien corresponde al Congreso determinar los objetos imponibles, dicha facultad encuentra como límite los principios y garantías constitucionales. Destacó, en particular, que la sola capacidad contributiva resulta insuficiente como parámetro para establecer tributos sobre jubilados, pensionados, retirados o subsidiados cuando no se pondera la situación de mayor vulnerabilidad que puede derivarse de la edad u otras circunstancias particulares."

"En particular, sostuvo que las modificaciones introducidas por la ley 27.617 no demostraban que se hubieran establecido respuestas diferenciadas que atendieran a los estándares de vulnerabilidad señalados por la Corte Suprema en 'García'. Asimismo, señaló que correspondía a la demandada acreditar que la reforma había eliminado el agravio constitucional invocado."

"En tales condiciones, de conformidad con la doctrina establecida por el Máximo Tribunal de la Nación en 'García' y el criterio de la Cámara Federal de General Roca en 'Figueroa', corresponde hacer lugar a la acción y declarar, en el caso concreto, la inconstitucionalidad del art. 82 inc. c) de la ley 20.628, ordenando el cese de las retenciones que se efectúan sobre el haber previsional de la actora."

Sobre las costas, el tribunal señala que, aunque el caso no encuadra estrictamente en el art. 70 del CPCCN, la accionada justificó su omisión en que un organismo público no puede dejar de aplicar una norma que reputa inconstitucional sin una declaración judicial previa, por lo que aplica el criterio de la Cámara Federal de General Roca en "Carrizo" (resolución del 6/8/2025).