DIAZ, RAMONA LIDIA c/ OSDE s/AMPARO DE SALUD

¿Quién es el actor?

Ramona Lidia Díaz, por derecho propio.

¿A quién se demanda?

Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

dejar sin efecto los aumentos en las cuotas de salud impuestos en virtud del DNU n° 70/23, declarar su inconstitucionalidad y retrotraer el valor mensual al abonado antes de su aplicación, con costas.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal hizo lugar a la acción de amparo, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del DNU n° 70/23 con los alcances del considerando X, e impuso las costas a la demandada vencida. En lo sustancial, se dispuso que los aumentos no autorizados por la autoridad de aplicación resultan ilegítimos; que la empresa debe obtener la aprobación de la Superintendencia de Servicios de Salud para cualquier incremento; que los pagos realizados con los parámetros de la medida cautelar (ajustados al IPC) se consideran cancelatorios; y que las diferencias a favor de la actora se acreditarán en la próxima cuota.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Se ha afirmado que si bien es cierto que conforme al postulado de congruencia la labor del juez al momento de dictar sentencia está condicionada a los hechos afirmados en la demanda y en la contestación, no lo es menos que tal principio en modo alguno es rígido o absoluto desde que admite excepciones en todas aquellas hipótesis en las que durante el proceso se extinguen o consolidan los derechos litigiosos."

"Cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional, presunción ésta que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la prohibición general antes sentada."

"Si bien el Poder Ejecutivo dio los motivos por los cuales consideró la necesidad de desregular diversos sectores de la economía, en los relativo a la derogación de los artículos de la Ley de Medicina Prepaga, no dio mayores precisiones que permitiesen concluir en la razonabilidad de dicha medida o en la premura necesaria para la toma de una decisión con significativa relevancia mediante la vía excepcionalísima a la que acudió."

"Ha transcurrido más de dos años desde el 29/12/23, fecha de entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia n° 70/23, sin que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se haya abocado a su expreso e inmediato tratamiento, conforme lo previsto en el art. 20 de la ley 26.122."

"Como una decisión judicial como la aquí dictada en nuestro sistema de control de constitucionalidad difuso no puede generar efectos erga omnes, la solución que se adopta es que, una vez firme la presente, el organismo de control deberá fiscalizar y autorizar los aumentos que fueran a aplicarse en el contrato particular celebrado por la parte actora."