MARTINEZ, FEDERICO GERARDO NAHUEL c/ MANDARADONI, BEATRIZ NOEMI Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)

¿Quién es el actor?

Federico Gerardo Nahuel Martínez.

¿A quién se demanda?

Andrea Ordoñez, Beatriz Noemí Mandaradoni y la aseguradora Paraná Sociedad Anónima de Seguros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reclamo por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido el 30/6/2021 entre la motocicleta del actor y el automóvil conducido por Ordoñez.

¿Qué se resolvió?

la Sala H, por unanimidad, modificó la sentencia de grado. Redujo la indemnización por incapacidad física a $2.000.000 y por incapacidad psicológica y tratamiento futuro a $1.000.000; reconoció gastos de vestimenta por $50.000, daños materiales por $200.000 y privación de uso por $50.000; fijó un interés puro del 8% anual desde el hecho hasta la sentencia de grado y, desde allí, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina a 30 días; declaró abstracto el planteo sobre el límite de cobertura; y confirmó lo demás, con costas de Alzada a la demandada y la citada en garantía.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Lo cierto es que el reclamante sufrió otros dos accidentes anteriores a la presentación del dictamen y que no fueron informados a la auxiliar de justicia." "[E]n este contexto, forzoso es concluir que el porcentaje de incapacidad determinado por daño psicológico no puede ser atribuido exclusivamente al accidente que aquí se trata." "[E]stimo que las indemnizaciones son elevadas. En consecuencia, propongo al Acuerdo reducir la incapacidad física a $ 2.000.000 y la incapacidad psicológica -y su tratamiento futuro- a $ 1.000.000 (art. 165 CPCC)." "[L]a deuda de valor se expresa en dinero con el dictado de la sentencia de grado antes de que lo haga este Tribunal de Alzada." "[L]a suma establecida como límite de la cobertura se refiere al monto indemnizatorio en concepto de capital de condena, más no en concepto de gastos y costas." Voto en disidencia parcial: no hubo disidencia en la solución; el Dr. Kiper adhirió por economía procesal, expresando que, en su opinión, correspondería aplicar como mínimo la tasa activa desde el hecho, y dejando constancia de que no comparte la solución sobre intereses.