VILLANOVA, PEDRO ADOLFO c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Pedro Adolfo Villanova.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reajustes varios del haber previsional, incluyendo la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU), la movilidad del haber y la constitucionalidad de normas de movilidad.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; las costas de Alzada se impusieron por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la doctrina "Elliff", el índice de la ley 27.260, el decreto 807/16 y la resolución SSS 6/16, el tribunal expresó: "Las primeras dos cuestiones introducidas por la accionada encuentran debida atención, respuesta y fundamentación en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 'Badaro', 'Quiroga', 'Blanco' y 'Elliff'…; a los cuales me remito, en lo pertinente y por razones de economía procesal, en tanto resultan aplicables en la especie y agotan el tratamiento de la cuestión." Y añadió: "Por lo tanto, se rechazan las quejas de la demandada sobre estos puntos."

Sobre la Prestación Básica Universal, el tribunal sostuvo: "en la medida en que es necesario verificar la incidencia que la ausencia de incrementos tuvo sobre el total del haber inicial, corresponde postergar la decisión sobre el punto… para el momento de la liquidación, donde podrá constatarse si el nivel de quita es confiscatorio." En cuanto al índice para reajustar la PBU, señaló que "esta Alzada comparte los argumentos expuestos por la Sala I de la Cámara Federal de Seguridad Social, en cuanto a que deberá emplearse el índice fijado por la CSJN en el precedente 'Badaro'…".

Sobre la ley 27.426, la Cámara expresó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido sobre la cuestión en los autos 'Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ ANSeS s/ Amparos y sumarísimos' (Expte. CSS 138932/2017), con fecha 4 de diciembre de 2025", y que "carecen de fundamentos las resoluciones de los tribunales inferiores que se apartan de lo decidido por aquella sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición adoptada por el Tribunal".

Sobre la ley 27.541 y los decretos de emergencia, el tribunal concluyó que "los requerimientos enunciados deben considerarse cabalmente cumplidos", por lo que "corresponde rechazar el agravio esgrimido".

Sobre la ley 27.609, la Cámara señaló que "la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico", y que el actor "no ha logrado demostrar un perjuicio concreto", por lo que "corresponde desestimar la inconstitucionalidad formulada respecto del Art. 1 de la ley 27.609."