BURGOS, ANGELA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Angela Burgos, pensionada derivada del causante Raul Antonio Zabala.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

redeterminación del haber inicial de la pensión (servicios en relación de dependencia y autónomos, con aplicación de las doctrinas "Volonté" y "Makler"), redeterminación de la PBU conforme "Quiroga", ajuste por movilidad, inconstitucionalidad de retenciones del impuesto a las ganancias y reconocimiento de un suplemento de sustitutividad.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la excepción de prescripción liberatoria respecto de las sumas anteriores a los dos años del reclamo; se hizo lugar parcialmente a la demanda respecto de la nueva determinación del haber inicial; se difirió la actualización de la PBU para la etapa de liquidación; se rechazó la inconstitucionalidad de las leyes 27.426 y 27.541; se declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 desde 2022, ordenando actualización trimestral con fórmula 50% IPC y 50% RIPTE hasta el trimestre enero-marzo de 2024; se declaró la inconstitucionalidad del art. 9 inc. 3 de la ley 24.463 y del art. 26 de la ley 24.241 para el caso de confiscatoriedad acreditada; se declaró la inconstitucionalidad del art. 82 inc. c de la ley 20.628 cuando los montos superen el mínimo no imponible; se rechazó el suplemento de sustitutividad; se impusieron costas a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio". Respecto de la movilidad, el fallo expresa: "se generó un apartamiento progresivo entre la movilidad aplicada y los mencionados indicadores, que arroja como resultado una depreciación acumulada para los haberes de pasividad en el período comprendido entre los meses de enero de 2021 a marzo de 2024, del 97,29% en relación al IPC y del 66,18% en comparación al RIPTE, que implican en la práctica una pérdida del poder adquisitivo real de entre el 33,70% (RIPTE) y el 49% (IPC)". Sobre el suplemento de sustitutividad, se cita la CSJN en "Benoist": "en la ley 24.241, por el contrario, no resulta necesaria la existencia de un porcentual para calcular el monto del beneficio".