MIRANDA ADOLFO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Adolfo Miranda.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reajuste de los haberes previsionales otorgados bajo la Prestación Anticipada por Desempleo (ley 25.994, fecha de adquisición del derecho 19/08/2022), con cuestionamiento de la actualización de remuneraciones, de la PBU, de la movilidad, de los topes de los arts. 9, 24, 25 y 26 de la ley 24.241 y del art. 14.2 de la Resolución SSS 6/09.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda, en particular respecto de los topes tratados. Ordenó a la ANSeS que, en 120 días desde que la sentencia quede firme, proceda al recálculo en la forma dispuesta, con intereses según la tasa pasiva promedio del BCRA y aplicación de la prescripción bienal. Difirió el tratamiento de la ley 27.609 y de las restantes inconstitucionalidades para la etapa de ejecución, remitiendo a los considerandos respectivos. Impuso las costas a la ANSeS y reguló honorarios a la dirección letrada de la parte actora en el 15% del crédito, conforme los arts. 1255 CCyCN y 21 de la ley 27.423.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Es evidente que la resolución cuestionada, al establecer un tope a las actualizaciones de las remuneraciones, excede la facultad reglamentaria, imponiendo un parámetro que el artículo reglamentado no contiene. En consecuencia, no es necesario posponer su tratamiento y verificar su operatividad y lo declaró inconstitucional en este acto."

"Queda claro que una ley no es inconstitucional por la fijación de un tope, sino es el 'quantum' del mismo..."

Respecto del tope del art. 9 de la ley 24.241 se expresó: "las remuneraciones efectivamente percibidas por el trabajador no sufrieron descuentos en concepto de aportes ni contribuciones por las sumas que superaban el haber máximo imponible", por lo que "no corresponde hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad solicitada".

Sobre la prestación compensatoria (art. 26, ley 24.241) se dispuso diferir su tratamiento para la etapa de ejecución, "en donde toda merma superior al 15% ameritara analizar la declaración de inconstitucionalidad del artículo cuestionado".