FERAZZA HECTOR c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Héctor Feraza.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de las leyes 27.426 y 27.609 y de los decretos que otorguen incrementos de movilidad discrecionales, y que los aumentos otorgados a ciertos segmentos se extiendan también al actor, con sustento en la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 17 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (ley 27.360).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente a la demanda, ordenando a la ANSeS que en el plazo de 120 días, contados desde la notificación electrónica, abone las diferencias resultantes de los cálculos ordenados en el Considerando 4, con más intereses y actualización. Se difirió el tratamiento de la ley 27.609 para la etapa de ejecución. Se rechazó la excepción de cosa juzgada. Se desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426. Las costas se impusieron a la ANSeS (art. 36, ley 27.423). Se regularon honorarios a la dirección letrada de la parte actora en el 15% del crédito que resulte en favor del reclamante, más IVA si correspondiere, con piso de 15 UMA conforme el art. 21 de la ley 27.423.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la cosa juzgada: "no puede operar como una barrera para el reclamo de nuevos reajustes, ya que la existencia de una cosa juzgada previa no cristaliza el derecho del beneficiario a una movilidad justa. Esto es así porque la seguridad social está vinculada a un derecho con cumplimientos de tracto sucesivo y carácter alimentario, lo que conlleva que la protección constitucional obligue a revisar aquellas sentencias que, por el paso del tiempo o cambios legislativos, han devenido insuficientes."

Sobre la ley 27.541 y la transición: "debiendo el organismo abonar al beneficiario las diferencias que pudieran surgir de efectuar dicha comparativa, para los meses de enero y febrero 2021 únicamente, y de allí en adelante se aplicará la nueva Ley vigente 27.609."

Sobre la ley 27.609: "la declaración de inconstitucionalidad de una norma impone, tal como fija el Superior Tribunal en el precedente 'Pupelis, María Cristina y otros', sent. del 4/5/91, que para declarar la inconstitucionalidad debe existir un acto de suma gravedad institucional que solo procede cuando la norma produce un perjuicio concreto, actual y debidamente acreditado en el caso individual y no basta la mera invocación abstracta de lesión constitucional." Por ello, el tratamiento de la inconstitucionalidad fue diferido a la etapa de ejecución.

Sobre costas: se aplicó el precedente "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS", declarando la inconstitucionalidad del régimen de costas que impide imponerlas a la ANSeS.