GEMIGNANI MARTA LILIANA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Marta Liliana Gemignani.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de las leyes 27.426 y 27.609 y de los decretos que otorgan incrementos discrecionales de movilidad, y reconocimiento de los aumentos otorgados a otros segmentos de beneficiarios.

¿Qué se resolvió?

Hacer lugar parcialmente a la demanda, ordenando a la ANSeS abonar en 120 días las diferencias resultantes de los cálculos del Considerando 4, con intereses y prescripción. Diferir para la etapa de ejecución el tratamiento de la ley 27.609. Rechazar la excepción de cosa juzgada. Desestimar la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426. Imponer las costas a la ANSeS (art. 36 ley 27.423) y regular honorarios a la Dirección Letrada de la parte actora en el 15% del crédito.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La seguridad social está vinculada a un derecho con cumplimientos de tracto sucesivo y carácter alimentario, lo que conlleva que la protección constitucional obligue a revisar aquellas sentencias que, por el paso del tiempo o cambios legislativos, han devenir insuficientes."

"En cuanto al planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.541, corresponde efectuar un nuevo análisis de la cuestión. [...] debiendo el organismo abonar al beneficiario las diferencias que pudieran surgir de efectuar dicha comparativa, para los meses de enero y febrero 2021 únicamente, y de allí en adelante se aplicará la nueva Ley vigente 27.609."

"Para declarar la inconstitucionalidad debe existir un acto de suma gravedad institucional que solo procede cuando la norma produce un perjuicio concreto, actual y debidamente acreditado en el caso individual [...] el tratamiento de la inconstitucionalidad articulada en este marco será diferido para la etapa de ejecución de sentencia."

Se deja expresamente a salvo el criterio personal del Juez respecto del impacto generalizado del proyecto de decreto 1058/16, aunque se ajusta al criterio jurisdiccional vigente por obligatoriedad de las directrices del Superior.