BORDA CARLOS NICOLAS s/EXCEPCION DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO

Demandante/Recurrente: Carlos Nicolás Borda, imputado, representado por la defensora pública Graciela L. Stojic.

Demandado/Parte recurrida: A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos), representada por el Dr. Gustavo Hernán Paturlanne.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Excepción de previo pronunciamiento (cosa juzgada) deducida por la defensa, que buscaba impedir la reconsideración penal de hechos por los que el imputado había sido absuelto.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y ordenó que se dicte un nuevo fallo conforme a lo expuesto.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que si bien es doctrina del Tribunal que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de una persona de seguir sometida a proceso penal carecen, por regla, de la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 (…), corresponde hacer excepción a tal doctrina en los supuestos en los que dicho sometimiento puede provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (…)."

"El solo desarrollo del proceso desvirtuaría el derecho invocado, dado que el gravamen que es materia de agravio no se disiparía ni aun con el dictado de una ulterior sentencia absolutoria (Fallos: 300:1273 y 308:84)."

"Las decisiones jurisdiccionales que determinan la absolución o condena de una persona imputada de delito, lo hacen siempre con relación a 'hechos' y en la medida en que la situación jurídica respecto de ellos no haya sido resuelta definitivamente con anterioridad."

"El argumento relativo a que la prescripción no produce la abolición del delito y que por eso su declaración respecto de un hecho no impediría que éste pueda reconsiderarse como elemento de juicio en la configuración de otro delito carece de asidero desde la perspectiva del contenido que esta Corte ha asignado a la garantía constitucional del non bis in idem."

"La autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo los casos en que no ha existido un auténtico y verdadero proceso judicial."