FLURY BELMA MARIA c/ P.E.N. Y OTS s/AMPARO

¿Quién es el actor?

empresas de servicios eventuales agremiadas en la entidad actora.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

inconstitucionalidad de los arts. 14 inc. b y 18 del decreto 342/92 (modificado por decreto 951/99), que exigían un capital social inicial mínimo de $140.000 y garantías (caución) por un porcentaje de las remuneraciones abonadas en el año anterior.

¿Qué se resolvió?

declaró la inconstitucionalidad de dichas normas para las empresas actoras, por considerar que la garantía hacía imposible el funcionamiento de las empresas y violaba el art. 14 CN.

Dictamen de la Procuración General: opina que corresponde admitir el recurso extraordinario y revocar la sentencia en lo que fue materia del recurso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"A mi juicio, el art. 14 inciso b del decreto 342/92 (modificado por el decreto 951/99) en cuanto exige un capital social inicial mínimo y el art. 18 del mismo decreto, sobre las garantías que están obligadas a constituir las empresas de servicios eventuales, no se muestran exorbitantes en relación al objetivo que se tuvo en mira perseguir."

"Tan marcada exigencia de la ley, que no ha sido impugnada, evidencia que los titulares de estas empresas no se encuentran en paridad de situación con el resto de los empresarios."

"La garantía sólo se incrementa proporcionalmente al aumento del volumen de remuneraciones pagadas en el año anterior... si con posterioridad resultare un valor inferior... el excedente en depósito será de libre disponibilidad para la empresa."

"La afirmación de que la exigencia que establece la reglamentación significaría el cese de la actividad de las empresas mencionadas es meramente conjetural, sin que el informe pericial contable arroje luz al presagio que, de manera dogmática, se desprende del fallo de la cámara."

Se destaca además que la fijación del capital mínimo y de las garantías corresponde a la oportunidad y conveniencia del Poder Ejecutivo, materia ajena al control judicial (Fallos 300:642).