CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - SENASA s/AMPARO LEY 16986

¿Quién es el actor?

Cámara Argentina de la Industria Frigorífica y otros.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (SENASA).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo (ley 16.986) para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 193/95 y de las disposiciones dictadas en su consecuencia.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró formalmente improcedente el recurso extraordinario de la actora, admitió el de la demandada, revocó la sentencia apelada en cuanto fue objeto de ese recurso y rechazó la demanda de amparo, con costas a la actora vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre el recurso de la actora: "el escrito de interposición del mencionado recurso debe bastarse a sí mismo y su sola lectura tiene que ser suficiente para la comprensión del caso", y no refutó "mediante una crítica concreta y razonada los argumentos en que se apoyó el tribunal a quo".

Sobre el poder de policía: "la potestad jurídica del Estado atinente al control del comercio de carnes, reconocida por la ley 21.740, permaneció vigente -pese a la disolución del ente regulador previsto por dicha ley- ya que sólo fueron derogadas las disposiciones de intervención y regulación económica que limitaban la competencia en el mercado."

Sobre la razonabilidad de la presunción: "con la decisión adoptada por los órganos políticos de dar preeminencia a la libertad de los mercados adquiere especial relieve la actividad estatal tendiente a procurar que quienes operen en ellos se ajusten en su actividad al orden jurídico vigente, como requisito para que la competencia se lleve a cabo en igualdad de condiciones".

Sobre la presunción del art. 4°: "no es irrazonable presumir -como lo hace el art. 4° del decreto 193/95- que el incumplimiento de deberes tributarios por parte de quienes operan en el mercado de la carne provoque las consecuencias allí previstas... Ello sin perjuicio de que al no tratarse de una presunción absoluta, el interesado pueda aportar, en cada caso, prueba tendiente a destruirla."

Sobre la naturaleza de la sanción: el art. 4° "no crea ninguna obligación tributaria por lo que el principio de legalidad que rige en esa materia ninguna relación guarda con la cuestión en examen", y la eventual sanción "no tendrá por objeto reprimir la inobservancia de normas tributarias... sino corregir la desleal conducta comercial que tal inobservancia supone."