PLAN ROMBO s/DENUNCIA SILVEIRA ELISA

Demandante/Actor: Inspección General de Justicia (organismo de control, recurrente ante la Corte, como "denunciante" en el expediente "Plan Rombo s/ denuncia de Silveira, Elisa").

¿A quién se demanda?

"Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados" (sociedad administradora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

entrega de la unidad (vehículo) al sucesor del suscriptor fallecido y acreditación de los medios para efectivizar el seguro contratado.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró bien concedido el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, ordenando dictar una nueva conforme a lo decidido. Con costas a la denunciada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Considerando 2°: "se encuentra en juego la interpretación de normas de naturaleza federal -ley 22.315- que regulan las atribuciones de la Inspección General de Justicia con respecto a las sociedades anónimas de capitalización y ahorro, y la decisión es contraria al derecho que el apelante fundó en dicha ley (art. 14 inc. 3° de la ley 48 y Fallos: 307:198)."

Considerando 3°: el a quo revocó la resolución "con fundamento en que ese organismo no tiene potestad para imponer a la sociedad administradora la entrega del vehículo como lo dispuso y porque dirimió un conflicto entre particulares, ejerciendo facultades jurisdiccionales de las que carece".

Considerando 4°: "esta Corte estableció en Fallos: 307:198, que la Inspección General de Justicia tiene la atribución de declarar irregulares, e ineficaces a los efectos administrativos, los actos sometidos a su fiscalización cuando sean contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos (art. 6° inc. f de la ley 22.315), y que tal atribución comprende las facultades que hagan al control del cumplimiento de sus decisiones y, también, la posibilidad de ocurrir ante el juez competente para hacerlas efectivas." Y agrega: "aun cuando se entendiera que dicho acto administrativo implicó poner en juego una actividad jurisdiccional, ello no habilitaba al tribunal a quo a su desconocimiento y posterior declaración de nulidad, toda vez que el control judicial posterior (Fallos: 247:646) -representado por el recurso del art. 16 de la ley 22.315- facultaba a la alzada para examinar las defensas atinentes a la legitimidad de las decisiones recurridas."

Considerando 5°: "si bien las sentencias de la Corte Suprema sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos y no resultan obligatorias para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos: 307:1094; 312:2007 entre otros)", y "carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que, como en el caso, se apartan de los precedentes de la Corte Suprema, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar las posiciones sustentadas en ellos".