ESTEGUY AMELIA ADELA c/ ESTADO NACIONAL (PODER JUDICIAL DE LA NACION) Y OTRO s/EMPLEO PUBLICO

¿Quién es el actor?

la jubilada (secretaria de primera instancia del Poder Judicial de la Nación, beneficiaria de la ley 18.464), en la causa principal.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

diferencias de haberes jubilatorios devengados entre el 11/10/1991 y el 11/10/1993, por el reconocimiento de carácter remunerativo y bonificable al suplemento creado por la Acordada 56/91, más los intereses adicionales generados hasta el pago.

¿Qué se resolvió?

la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que había decidido que el crédito no estaba sujeto a la consolidación de la ley 25.344, fundándose en la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces (art. 110 CN). El Estado interpuso recurso extraordinario, denegado, y dio lugar a esta queja. La Procuración General dictamina que corresponde hacer lugar a la queja y revocar la sentencia apelada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...asiste razón a la apelante en cuanto a que el a quo, al considerar que el crédito de autos queda excluido de dicho régimen excepcional de cancelación de deudas estatales con fundamento en la garantía de intangibilidad de las remuneraciones que prevé el art. 110 de la Constitución Nacional, no sólo resolvió con apartamiento de las constancias de la causa -de las cuales surge claramente que la actora no se encuentra amparada por aquella garantía- sino que también omitió aplicar normas que revisten carácter de orden público."

"...el decreto reglamentario la disipó al definirlas con un criterio temporal que atiende exclusivamente a si son anteriores o posteriores a la vigencia de la ley 24.241..."

"...en caso de que pudiera configurarse un supuesto de duda razonable, deberá resolverse a favor de la consolidación (Fallos: 327:33)."

Conclusión: "el crédito por intereses adicionales que se reclama en autos -cuyo origen es posterior al 11 de abril de 1991 y anterior al 31 de diciembre de 2001- debe quedar comprendido en el régimen aludido..."

Admisibilidad: se considera formalmente admisible porque lo decidido en la etapa de ejecución causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 323:3909) y se discute la interpretación de normas federales.