ASTILLEROS ORTHOLAN S.R.L. c/ ESTADO NACIONAL M° DE OBRAS Y SERV.PUBLICOS s/CONTRATO OBRA PUBLICA

Actor/Recurrente: Abelardo Montero, perito contador (apelante), en el marco del incidente promovido por Astilleros Ortholan S.R.L.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (Ministerio de Obras y Servicios Públicos)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Regulación de honorarios del perito contador designado de oficio en la etapa de ejecución de sentencia, para determinar el monto de la condena según la transacción de las partes.

¿Qué se resolvió?

La Corte modificó la sentencia y fijó los honorarios del perito en $300.000 a la fecha del pronunciamiento. Las costas se impusieron en el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Esta Corte considera razonable y equitativo, de conformidad con las concretas circunstancias de la causa, elevar los honorarios del perito Abelardo Montero, a la fecha de este pronunciamiento, a la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000) (art. 3°, incs. b y g del arancel aprobado por decreto-ley 16.638/57)."

"[L]a cámara no ha valorado debidamente la importancia, necesidad e incidencia que el peritaje tuvo en el resultado final del pleito. En efecto, tanto la sentencia definitiva de primera instancia (...) como la de la alzada (...) reconocieron que el informe contable del perito había sido imprescindible y, en particular, que había resultado conducente y decisivo para determinar el monto que el Estado Nacional debía pagar a la actora. De ahí que esta Corte estime exiguo el porcentaje fijado en la instancia anterior (aproximadamente un 7%)."

Respecto de la interpretación del arancel, la Corte coincidió con la Cámara: el art. 3°, inc. b, del decreto-ley 16.638/57 autoriza, cuando el monto de la sentencia no alcanza el 75% del valor reclamado, a fijar honorarios con un porcentaje mayor al de la escala general, pero no a alterar la base regulatoria (Fallos: 312:987 y 314:173).

Sobre la inconstitucionalidad planteada por el recurrente, el tribunal sostuvo que el planteo "no rebate debidamente los argumentos dados por la cámara y prescinde de las concretas circunstancias del sub lite", ya que aceptar la pretensión del apelante implicaría honorarios de aproximadamente $8.000.000 frente a una condena de $1.701.978,65.