VANOLI Y CIA S.A. c/ SALTA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA

¿Quién es el actor?

Vanoli y Cía. S.A., empresa dedicada a la preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres, que tributa en el Convenio Multilateral con sede en Córdoba.

¿A quién se demanda?

Provincia de Salta.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

que se haga cesar el estado de incertidumbre frente a la pretensión de la Dirección General de Rentas de gravar con el impuesto a las actividades económicas sin aplicar la exención del artículo 174, inciso w, del Código Fiscal provincial, notificada el 6 de septiembre de 2017. Se invocaron los artículos 4, 7, 9 a 12, 16, 17, 28, 31, 75 incisos 1, 10, 13 y 18, y 126 de la Constitución Nacional.

Antecedentes: la Resolución DGR Salta 482-18 determinó de oficio obligaciones por los períodos 07/17 a 01/18 con multa, y la Resolución 76 del Ministerio de Economía rechazó el recurso jerárquico. La Corte dictó medida cautelar a fs. 76/77 suspendiendo el cobro de las diferencias por los períodos 07 a 12/2017.

¿Qué se resolvió?

la Corte hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad del requisito de radicación de la planta industrial en Salta previsto en el artículo 174, inciso w, y de la pretensión fiscal del expediente DGR Salta 22-571.619/2017, sólo en lo que fue materia del proceso. Costas a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (...) demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421)." Se rechazó el argumento de la provincia sobre la ausencia de caso, pues hubo conducta estatal explícita dirigida a aplicar la alícuota cuestionada.

"A esto tampoco resulta un óbice lo argumentado por la demandada respecto al dictado de la ley local 8064, ya que no produce efecto retroactivo alguno en relación a la normativa fiscal antes referida."

"...la aplicación de la normativa provincial que se cuestiona, al denegar la exención indicada por la accionante y, en consecuencia, gravar con la alícuota del 3,6% la actividad industrial de la actora antes referida, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias."

"...queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación de la planta industrial de la contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13 y 126), instaurando así una suerte de 'aduana interior' vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio..."