AGUILERA, SANTOS ANDRES Y OTROS c/ EN - M SEGURIDAD - PFA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG
Los actores promovieron ejecución por el pago de una liquidación aprobada por $4.836.683,08 contra el Estado Nacional. La Cámara rechazó la apelación del Estado y confirmó la intimación a pago al entender que no acreditó el cumplimiento del deber de comunicación ni el agotamiento de la partida presupuestaria exigidos por las leyes 23.982 y 11.672.
¿Quién es el actor?
AGUILERA, SANTOS ANDRES y otros.
¿A quién se demanda?
Estado Nacional (EN - Ministerio Seguridad / Policía Federal Argentina).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución y pago de una liquidación aprobada en autos por la suma de $4.836.683,08 (capital e intereses); intimación de pago y pedido de embargo.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se confirmó la decisión de grado que intimó al Estado Nacional al pago, con costas (art. 68, primera parte, CPCCN).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que, en los precedentes “Giovagnoli” (Fallos: 322:2132), “Curti” (Fallos: 339:1812) y “Martínez” (Fallos: 343:1894) la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó los criterios con que corresponde interpretar el marco normativo aplicable al caso, a cuyas consideraciones cabe remitirse a fin de evitar reiteraciones innecesarias. En particular, en el segundo de los mencionados pronunciamientos, señaló que, si el Estado Nacional incumplía con el deber de comunicación previsto en el artículo 22 de la ley 23.982, no acreditaba el agotamiento de la partida, no se ajustaba el orden de prelación para el pago, o bien, concretado el diferimiento, transcurría el ejercicio sin que se verificase la cancelación de la condena dineraria, el acreedor estaba facultado para llevar adelante la ejecución (v. esp. consids. 6º in fine y 10; y esta Sala, en causa 17977/2008 “Anzoategui, Carlos José c/ EN-M° Defensa-AA s/personal militar y civil de las FFAA y de seg”, resol. del 2/7/19)."
"En tales términos y, atendiendo a las fechas en que el demandado quedó notificado de la aprobación de la liquidación practicada en autos (v. cédula electrónica y DEOX del 27/8/2023; y DEOX del 14/11/2023), se advierte que el crédito debió haberse cancelado durante el ejercicio 2025 o —en su defecto— en el subsiguiente, siempre y cuando la demandada cumpliese con los recaudos establecidos en el plexo normativo aplicable (arg. arts. 22 de la ley 23.982 y 170 de la ley 11.672, t.o. 2014). Toda vez que, no surge de autos, que la demandada haya cumplido con el deber de comunicación que le impone la normativa, el crédito se encuentra en condiciones de ser exigido, por lo que corresponde confirmar la intimación cursada."
(Se adjunta además la parte resolutiva final:) "En mérito a lo expuesto, se RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la decisión de grado, con costas (art. 68, primera parte, del CPCCN)."
No hubo voto en disidencia relevante consignado en el acuerdo.
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Normas que cita
- Ley 23.982art. 22 · Deuda publica
- Ley 11.672art. 170 · Permanente de presupuesto
- Ley 17.454
Fallos que cita
- GiovagnoliCSJN · Fallos 322:2132
- CurtiCSJN · Fallos 339:1812
- MartínezCSJN · Fallos 343:1894
- Anzoategui, Carlos José c/ EN-M° Defensa-AA s/personal militar y civil de las FFAA y de segCAF Sala IV · 02/07/2019
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