SABATINO JUAN CARLOS c/ ANSES s/JUBILACION Y RETIRO POR INVALIDEZ

¿Quién es el actor?

Juan Carlos Sabatino.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Transformación de retiro transitorio por invalidez en retiro definitivo y pago de las sumas devengadas; impugnación de la extinción administrativa del beneficio; impugnación de costas y de la regulación de honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia apelada en lo principal que reconoció el derecho del actor al retiro definitivo por invalidez; se dejó sin efecto la regulación de honorarios practicada en la instancia anterior y se diferirió su determinación hasta tanto exista liquidación aprobada; y se impusieron las costas de Alzada a la demandada vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En las presentes actuaciones se dio intervención al Cuerpo Médico Forense, cuyo dictamen de fecha 19 de agosto de 2025 concluyó que el accionante presenta una incapacidad del 78%, con carácter definitivo, conforme las pautas establecidas por la Ley 24.241.

En particular, el informe médico valoró la insuficiencia respiratoria en estadio III y la hipertensión arterial en estadio III, asignando a dichas afecciones los porcentajes de incapacidad que, conforme al baremo aplicable, determinaron el resultado indicado.

Las conclusiones del referido dictamen se encuentran sustentadas en los exámenes practicados y en los antecedentes médicos examinados, sin que las manifestaciones efectuadas por la demandada permitan desvirtuar técnicamente la incapacidad definitiva allí determinada.

Ello así, habida cuenta de los estudios especializados que lo avalan y dan sustento, así como su mayor actualidad y prevalencia que en principio cabe asignar a dichos dictámenes, pues "...el Cuerpo Médico Forense es uno de los auxiliares de la justicia que prevee el art. 52 del Dto. 1285/58. Su informe no es solo el de un perito, ya que se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judiciales" (Fallos 299:265)."

"No obstante, asiste razón a la recurrente en cuanto señala que la evaluación practicada en sede judicial no permite establecer, con la certeza necesaria, que el actor presentara ese mismo grado de incapacidad al momento en que se dispuso la extinción del beneficio.

En efecto, el propio magistrado de grado reconoció que los facultativos que intervinieron no pudieron determinar el porcentaje de incapacidad correspondiente a aquella oportunidad.

Ello no obsta, sin embargo, al reconocimiento del derecho al retiro definitivo por invalidez, pues encontrándose demostrado mediante el dictamen del Cuerpo Médico Forense que el accionante presenta una disminución de su capacidad laborativa del 78%, con carácter definitivo, corresponde reconocer su derecho a la prestación contemplada en los arts. 48 y 50 de la Ley 24.241, sin que resulte razonable desconocer dicha circunstancia sobre la exclusiva base de evaluaciones médicas anteriores que reflejaban una situación distinta."

"En cuanto a la apelación interpuesta contra la regulación de honorarios practicada en favor de la representación letrada de la parte actora, corresponde señalar que el magistrado de grado los fijó en el 11% de las sumas que por la presente causa corresponda percibir al accionante.

Al respecto, y toda vez que la ponderación de los honorarios de los profesionales actuantes debe concretarse a la luz de las previsiones de la ley 27423, corresponde revocar lo decidido sobre el particular y diferir su tratamiento para el momento en que se encuentre aprobada la liquidación definitiva."

¿Cómo votaron los jueces?

No se advierten votos en disidencia en el texto suministrado; la parte resolutiva final expresa la decisión de la Cámara.