SEMENZA, ANGEL RICARDO Y OTROS c/ EN-M SEGURIDAD-PFA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

SEMENZA, ANGEL RICARDO Y OTROS.

¿A quién se demanda?

EN-M SEGURIDAD - PFA (Estado Nacional / Ministerio/ente demandado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de sentencia y orden de depósito por capital e intereses; intimación de fecha 11/9/2026 al pago de $12.559.525,07 en concepto de capital e intereses pendientes de pago, bajo apercibimiento de ejecución.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocó la resolución apelada que intimaba al depósito mencionado; impuso costas de esta instancia en el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que, en primer lugar, cabe señalar que del artículo 22 de la ley 23.982 surge que '…el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo'."

"Por su parte, en el artículo 170 de la ley 11.672 (T.O. 2014), se establece que 'Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado nacional ... serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas jurisdicciones y entidades del presupuesto general de la administración nacional ... En el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente'."

"Ahora bien, no se sigue de dicho régimen especial de ejecución que, durante ese tiempo que se le otorga al Estado para cumplir con la condena, no corran los intereses fijados en la sentencia."

"En tales condiciones, y en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, cabe concluir que no se encuentra habilitada la ejecución forzada del crédito reclamado en concepto de capital e intereses, en razón de que aún no vencieron los plazos previstos en los artículos 22 de la ley 23.982 y 170 de la ley 11.672 desde que la demandada se notificó del auto del 13/3/2024, mediante el cual se aprobó la liquidación del crédito reconocido en la sentencia; pues, la legislación reseñada en el considerando anterior establece que, 'en el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente', es decir, en la especie, en la Ley de Presupuesto correspondiente al año 2026."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia en la parte dispositiva.