MONTIEL FRANCISCO OSVALDO c/ EN-M° I Y V-SECRETARIA DE TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS s/EMPLEO PUBLICO

¿Quién es el actor?

Dr. Martínez (letrado recurrente).

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (EN - Ministerio de Transporte por Agua y Puertos, en el expediente original).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se reclamó que los honorarios regulados al actor no siguieran el trámite ordinario de cobro bajo la ley 23.982 (diferimiento presupuestario), y que se intimara al Estado a depositar las sumas en 10 días, por su estado de vulnerabilidad.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Dr. Martínez y, en consecuencia, revocó la resolución apelada. Con costas por su orden, en atención a las particularidades del caso (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN). Se dejó constancia que el juez Marcelo Daniel Duffy no suscribe por hallarse en uso de licencia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las resueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 'Caldeiro, Juan Carlos c/ EN-M° Defensa-Ejército s/daños y perjuicios' (Fallos: 343:264), sentencia del 30/4/20. En dicha oportunidad, el Máximo Tribunal tuvo por acreditada una situación de vulnerabilidad singular del titular de un crédito firme contra el Estado Nacional —de avanzada edad, discapacidad y un cuadro de salud progresivo e irreversible— y, en virtud de ello, reconoció su derecho a que el crédito fuera excluido de la aplicación automática del régimen de diferimiento presupuestario previsto en las leyes 23.982 y 11.672, por resultar la espera legal incompatible con la efectiva satisfacción del derecho ya reconocido en la sentencia."

"Que, sin perjuicio de ello, el propio precedente estableció que la compatibilidad constitucional de ese régimen 'depende de la adecuación del medio al fin perseguido, es decir, de que la subsunción del caso concreto en tal legislación no signifique una degradación tal que destruya la sustancia del derecho reconocido en la sentencia judicial'..., de modo que, verificada una situación de vulnerabilidad singular y objetivamente acreditada que torne sustancialmente incompatible la espera legal con la satisfacción efectiva del crédito, corresponde encuadrarlo como un supuesto no alcanzado por su aplicación automática, pues 'no es razonable (ni necesario) invalidar globalmente un sistema diseñado por un órgano de carácter representativo(...)si el propio ordenamiento jurídico permite arribar a una solución justa y equitativa mediante la integración con normas análogas'."

"Que, en el caso, el apelante acreditó su avanzada edad, su estado de salud y un certificado de discapacidad vigente hasta marzo de 2031 (v. documentos titulados 'INFORME RMN RODILLAS' y 'CERTIFICADO DISCAPACIDAD', probanzas de igual naturaleza a las ponderadas para tener por acreditada la condición de vulnerabilidad en el precedente reseñado."

"Que, en tales condiciones, su aplicación al caso conduciría al mismo resultado que la Corte descartó en el precedente citado, donde sostuvo que 'la gravedad de la situación de salud del actor y la incertidumbre sobre la fecha de cobro permiten concluir que la aplicación al caso de autos del régimen impugnado llevaría al desconocimiento sustancial de una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada', en tanto la espera legal, dadas las circunstancias reseñadas, resultaría incompatible con los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional..."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registra voto en disidencia; se deja constancia únicamente que el juez Marcelo Daniel Duffy no suscribió por estar en uso de licencia.