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Primera Instancia

PETICIÓN DE HERENCIA: CASTILLO MARCELINA C/ AGUIRRE RAMONA

La actora promovió una petición de herencia contra Ramona Aguirre; se planteó la caducidad de la instancia por inactividad procesal. El Juzgado hizo lugar al planteo, declaró operada la caducidad, impuso las costas a la actora y reguló honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Juzgado de Primera Instancia Nº 7-Secretaría 13 (JUJUY)
Fuero
Juzgado de Primera Instancia Nº 7-Secretaría 13
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-221214/2023
Peticion de herencia Caducidad de instancia Inactividad procesal Art. 319 c.p.c. y c. Costas Regulacion de honorarios Juicio abreviado Seguridad juridica Juzgado civil y comercial n?7 Provincia de jujuy.

¿Quién es el actor?

la actora (representada por la Dra. Silvia Raquel Almazán).

¿A quién se demanda?

Ramona Aguirre (representada por el Dr. Raúl Ángel Delgado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Petición de herencia (expte. C-221214/23, “PETICIÓN DE HERENCIA: CASTILLO MARCELINA C/ AGUIRRE RAMONA”).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al planteo de caducidad de instancia formulado por la parte demandada; se tuvo por operada la caducidad de la instancia, se impusieron las costas a la actora y se regularon honorarios profesionales de los letrados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Planteada la cuestión como se relata precedentemente, diré que la caducidad planteada, será analizada de conformidad a la normativa del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, el cual entró en vigencia el 01/08/24.

Esto así, ya que a la fecha considerada como último trámite procesal -25/9/25- ya había entrado en vigencia el C.P.C. y C., con lo cual éste resulta aplicable (art. 678 del referido cuerpo normativo).

Aclarado ello, diré que la caducidad es un instituto que tiene por finalidad preservar el principio de seguridad jurídica, castigando a quien no impulse el procedimiento impetrado con la sanción de no poder proseguirlo; y tiene como fundamento evitar la duración indefinida de los pleitos frente al desinterés puesto de manifiesto por los justiciables, cuya conducta omisiva acarrea la conclusión de la causa; pero debe ser interpretada restrictivamente, a tal extremo que ante la duda el magistrado debe optar por el criterio que permita la continuidad de la instancia.

De acuerdo a lo establecido por Art.319 del C.P.C.C.), “PRINCIPIO GENERAL. Contándose desde la fecha de la última petición de las partes o desde la notificación de la resolución o actuación judicial que tenga por efecto impulsar el proceso, caducará la instancia si no se realizare ningún acto procesal destinado a instar el trámite en el plazo de un año en todo tipo de proceso y de seis (6) meses en incidentes y en segunda o ulterior instancia….”

Dicho esto, y analizando las constancias de estas actuaciones, se tiene que efectivamente la providencia de fecha 18/9/25, que dispuso la conversión del presente, en Juicio Abreviado, se notificó a las partes por cédulas Nº13191,13192, y 13193 del 25/9/25, y este fue el último trámite procesal.

Si bien el Dr. Lello Vilte, en representación de la Sra. Mónica Patricia Paredes, realizó distintas presentaciones, las mismas fueron efectuadas sin que sea parte del proceso la Sra. Paredes, y por ello, conforme a lo solicitado por el Dr. Delgado, se procedió al desglose de los escritos adjuntados por dicho profesional.

Atento a ello, diré que los mismos, no hicieron avanzar el proceso, manteniéndose así la inactividad imputable a la actora.

Así las cosas, tomando como punto de partida - la fecha del último movimiento procesal, esto es el 25/9/25, donde se notifica la providencia dictada el 18/9/25, y hasta el escrito presentado en fecha 29/9/26 por el Dr. Raúl Ángel Delgado, por el que solicita la caducidad de la instancia, transcurrió el plazo previsto para que se la tenga por operada la perención de instancia, considerando que entre dichas fechas, no se efectuó ningún acto que lo impida."

Parte dispositiva relevante transcrita:

"RESUELVE:

1.- Hacer lugar al planteo formulado por el Dr. Raúl Ángel Delgado; y en consecuencia, tener por operada la caducidad de la instancia de las presentes actuaciones, conforme lo considerado.

2.- Imponer las costas a la actora vencida (Art. 128 y 326 del C.P.C. y C.).

3.- Regular los honorarios profesionales, de los Dres. Raúl Ángel Delgado y Silvia Raquel Almazán en las sumas de $1.555.505,49 y $1.088.853,84, respectivamente, conforme arts. 24 -apartado 2do-, 25, 27 y 29 de la ley 6368, con mas I.V.A. si correspondiere."

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