FERNANDEZ VARELA DIEGO ANDRES C/ PROVIDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. S/ EJECUCION HONORARIOS

¿Quién es el actor?

FERNANDEZ VARELA DIEGO ANDRES, abogado ejecutante.

¿A quién se demanda?

PROVIDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios profesionales (cobro del capital reclamado más aportes e intereses).

¿Qué se resolvió?

La Cámara -por mayoría- dejó sin efecto la sentencia de fecha 23/12/2025 por prematura y ordenó la suspensión del curso del proceso ejecutivo hasta tanto recaiga decisión firme y definitiva en el juicio de conocimiento que tramita ante el Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 30; dispuso además la intervención de un nuevo juzgado (nuevo sorteo). Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De la compulsa efectuada sobre los antecedentes digitales adunados y sobre la página web https://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam?cid=432650, se constata que en dicho proceso no existe pronunciamiento final firme respecto de la validez del convenio de honorarios celebrado entre las partes, su alcance y como habrá de aplicarse.

Sentado lo anterior, advierto que nos encontramos ante un supuesto de particular excepcionalidad que exige apartarse de las reglas generales que rigen la abstracción y autonomía del proceso ejecutivo.

No se trata aquí de analizar una conexidad técnica tradicional entre dos procesos de conocimiento, sino de evaluar el impacto que la conducta procesal de la parte actora proyecta sobre la exigibilidad del título.

En efecto, se constata como dato dirimente que ambas acciones han sido promovidas por el profesional ejecutante; la presente fue iniciada el día 16/04/2024 y el proceso de conocimiento en fecha 12/09/2024. Ambas tendientes a satisfacer el cobro de sus honorarios. Es decir que el abogado ejecutante posee dos vías judiciales abiertas con similar objeto procesal.

Por un lado, el profesional demandó por la vía del proceso de conocimiento el cobro y la determinación de la eficacia jurídica del convenio de honorarios aludido y, por el otro; de manera casi simultánea, instó la presente ejecución individual prescindiendo de las obligaciones sustanciales derivadas de aquel acuerdo, cuya interpretación él mismo judicializó en otra sede.

Esta duplicidad de pretensiones activas iniciadas por la misma parte introduce una flagrante contradicción con el principio de buena fe procesal y la doctrina de los actos propios. Si el propio acreedor ha considerado necesario ventilar judicialmente los alcances del convenio marco regulatorio de sus estipendios profesionales, no puede válidamente pretender que la judicatura ejecute de forma aislada e inmediata una regulación individual que se encuentra subsumida en dicho debate contractual.

Por aplicación de los principios de prejudicialidad y economía procesal, y con el objetivo de evitar el escándalo jurídico que importaría el dictado de dos pronunciamientos favorables a los intereses del ejecutante que determinen sobre una misma plataforma fáctica y contractual, la presente ejecución no puede avanzar de modo autónomo. La exigibilidad del crédito se encuentra supeditada a las resultas de la acción de conocimiento previa y concurrentemente incoada por el propio ejecutante.

Por lo tanto, en este particular supuesto, corresponde dejar sin efecto la resolución apelada por prematura y ordenar la suspensión del curso de este proceso ejecutivo hasta tanto recaiga decisión firme y definitiva en el juicio que tramita ante el Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 30 y disponer la intervención en la presente de un nuevo juzgado, en tanto medió opinión del magistrado interviniente."

Dispositivo (transcripción relevante):

"Que en el Acuerdo celebrado quedó establecido:

1º) Que la apelada sentencia de fecha 23/12/2025 debe ser dejada sin efecto por prematura

2º) Que las costas se imponen por su orden atento la forma en que se decide ( art 68 del CPPCC)

POR ELLO: Y fundamentos consignados en el Acuerdo, déjase sin efecto por prematura la sentencia de fecha 23/12/2025 y dispóngase la suspensión del curso de este proceso ejecutivo hasta tanto recaiga decisión firme y definitiva en el juicio que tramita ante el Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 30. Dispóngase la intervención en la presente de un nuevo juzgado a cuyo fin comuníquese a la Receptoria General de Expedientes Departamental que deberá proceder a un nuevo sorteo del expediente. Costas por su orden atento la forma en que se decide. Devuélvase sin más trámite al juzgado de origen..."