BERTOLOTTO MARIA LAURA C/ MAROVICH ADRIAN ALFREDO Y OTROS S/ EJECUCION HONORARIOS

¿Quién es el actor?

María Laura Bertolotto.

¿A quién se demanda?

María Elena Ramírez; Andrés Emilio Marovich; Adrián Alfredo Marovich; Giselle Mariel Marovich.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios regulados judicialmente por 110 JUS (equivalentes, al momento de la regulación, a $5.855.520), con actualización, intereses del 12% anual desde el 10/12/2024, aportes e IVA si correspondiera.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de fecha 31/08/2026 en cuanto fue materia de apelación, rechazó la suspensión solicitada, impuso las costas de Alzada al apelante vencido (Andrés Emilio Marovich) y difirió la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"VI. a) En ese contexto, corresponde examinar, en primer término, el rechazo de la nulidad de las notificaciones de los honorarios, practicadas en el sucesorio n.º 71.799 del Juzgado Civil y Comercial n.º 5.

La magistrada sustentó su decisión en el domicilio denunciado en el escrito inicial de ese sucesorio (sito en la calle Lavalle del Partido de San Martín, Prov. de Buenos Aires), las diligencias cumplidas y las consultas al RENAPER. El apelante no explica por qué esos fundamentos serían equivocados ni confronta su valoración con los domicilios que los interesados invocaron al plantear la nulidad. Su recurso se centra en la presunta adulteración del escrito inicial del sucesorio, pero ese cuestionamiento no constituye una crítica concreta de las razones dadas para rechazar la nulidad de las notificaciones.

Por ello, los argumentos del recurso no justifican revocar lo decidido sobre este punto.

En cuanto a la citación para oponer excepciones en esta ejecución, los ejecutados comparecieron espontáneamente antes de que se practicara y formularon sus defensas, que fueron sustanciadas y rechazadas en la sentencia apelada.

b) El cuestionamiento restante se refiere al supuesto fraude en el origen de la actuación profesional de Bertolotto y a su incidencia sobre los honorarios ejecutados.

Como señaló la magistrada de primera instancia, esta ejecución no constituye la vía para revisar los aspectos causales y procesales del sucesorio anteriores a la firmeza de la regulación de honorarios. El cobro de los honorarios regulados judicialmente tramita por el procedimiento de ejecución de sentencia, con las defensas y limitaciones previstas en los artículos 498 inciso 3, 504 y 505 del CPCC y 58 de la ley 14.967.

El apelante denuncia que se adulteró el escrito inicial del sucesorio para atribuir a Bertolotto un patrocinio que no le había conferido. Resolver ese planteo requiere esclarecer los hechos controvertidos y determinar sus consecuencias sobre las actuaciones del sucesorio y la regulación de honorarios. Esa discusión excede el marco de conocimiento de esta ejecución.

La calificación del vicio como absoluto e insanable no suple la acreditación de la maniobra denunciada ni basta para privar de eficacia al título judicial.

Por ello, el planteo no permite dejar sin efecto la ejecución, sin que esta conclusión implique pronunciarse sobre la autenticidad del escrito cuestionado.

c) Por último, corresponde examinar si las circunstancias invocadas justifican suspender la ejecución.

Las actuaciones del Juzgado n.º 8, reseñadas en el apartado V, dan cuenta del planteo de nulidad por fraude procesal y del intercambio de información y copias entre ambos juzgados. Ni el requerimiento cursado al Juzgado n.º 5 ni la providencia que tuvo por recibida su respuesta dispusieron la acumulación, la nulidad o la suspensión de las actuaciones. Por ello, no cabe atribuirles el efecto de impedir el cobro de los honorarios. La invocación del artículo 2336 del Código Civil y Comercial tampoco demuestra que corresponda esa consecuencia.

Corresponde entonces examinar si las circunstancias invocadas por el apelante permiten acceder a la suspensión solicitada.

Su petición se apoya en la adulteración denunciada, la existencia del otro sucesorio y el perjuicio económico derivado de los embargos. Sin embargo, el pedido de información del Juzgado n.º 8 solo acredita que se requirieron antecedentes, sin corroborar por sí mismo la adulteración denunciada. Por su parte, el perjuicio patrimonial alegado constituye una consecuencia de la ejecución, sin que el recurrente haya demostrado circunstancias concretas que justifiquen suspenderla

En consecuencia, los argumentos del recurso no justifican revocar la sentencia ni conceder la suspensión solicitada. Esta conclusión no resuelve la denuncia de fraude ni impide ejercer las pretensiones que correspondan."

Bloque dispositivo final (transcripción textual):

"Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, SE RESUELVE: 1°) CONFIRMAR la sentencia del 31 de agosto de 2026 en cuanto fue materia de apelación y RECHAZAR la suspensión solicitada. 2°) IMPONER las costas de Alzada a Andrés Emilio Marovich, como apelante vencido. 3°) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la Ley Arancelaria). REGÍSTRESE. DEVUÉLVANSE."