LAYANA NORA MARIA C/ INSITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL PROV. DE BS. AS. y otro/a S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

LAYANA NORA MARIA, ex agente del Ministerio de Salud y jubilada del Instituto de Previsión Social.

¿A quién se demanda?

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (y se alude al Ministerio de Salud como órgano de origen de la relación de empleo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se reconozca y liquide la bonificación por antigüedad al 3% para los años 1996 a 2005 (período en que la actora percibió porcentajes reducidos o no computados) y se ordene pago retroactivo de las diferencias, actualizadas e intereses, por considerar inconstitucionales las normas que redujeron/suspendieron el adicional.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda. Se declaró la inconstitucionalidad del art. 42 de la ley 11.739; art. 37 de la ley 11.905; art. 29 de la ley 12.062; art. 27 de la ley 12.232; art. 27 de la ley 12.396; art. 24 de la ley 12.575; art. 24 de la ley 13.154 y arts. 1 y 2 de la ley 13.354. Se ordenó al Instituto de Previsión Social que liquide y abone la bonificación por antigüedad al 3% respecto de todos los años incluidos en su cómputo, con retroactividad al 26-08-2022, a valor actual al momento de firmeza, más intereses (6% anual desde el devengamiento hasta la firmeza; luego la tasa pasiva más alta del Banco Provincia), imponiendo las costas a la demandada. Se difirió regulación de honorarios hasta la liquidación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 'el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución' (del dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo, CSJN, Fallos 323:1566, Guida y 326:1138, Müller)."

"Consecuentemente, y aun cuando pudiera considerarse que la disminución cuestionada haya sido legítima en un primer momento, la circunstancia de que las medidas cuestionadas no se hayan hecho en el marco de una emergencia, sumada a la irrazonable (por ilimitada) extensión temporal de las mismas, lleva a considerar inconstitucionales dichas restricciones a los derechos del accionante."

"En el caso del año 1996, que ni siquiera se computa a los efectos de esta bonificación, la inconstitucionalidad es aún más evidente. Se trata, como sostiene Rivas, 'de la supresión absoluta e indefinida de un derecho adquirido, confiscación que, por esa razón, se encuentra vedada por el art. 17 de la CN' (Rivas, Leopoldo: 'El adicional por antigüedad en la ley 10.430 ¿En el año 1996, nadie trabajó?', Revista Derecho Administrativo..., 2007, pág. 63)."

"Este principio [de progresividad] también tiene recepción en instrumentos internacionales de derechos humanos ... de los que se desprende la imposibilidad del Estado de adoptar medidas restrictivas de derechos (principio de no regresividad)."

"De conformidad con lo dicho, la acción interpuesta no puede considerarse prescripta, sino únicamente aquellos periodos que, desde la interposición de la demanda hayan superado el plazo legalmente previsto... Entendiendo que la interrupción de la prescripción operó el 26-8-24 con la interposición de la demanda, en función de lo establecido por la normativa previsional, las sumas devengadas con anterioridad al 26-8-22 se encuentran prescriptas."

"Corresponde reconocer el derecho del actor a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad respectiva a todos los años incluidos en su cómputo en un 3%, con retroactividad al 26-8-22..."

¿Cómo votaron los jueces?

sentencia unipersonal por la Jueza María Fernanda Bisio; el bloque dispositivo final es el que manda y declara la inconstitucionalidad y condena al pago. No se registran votos en disidencia.