CRIADO GRACIELA DEL VALLE c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

CRIADO GRACIELA DEL VALLE.

¿A quién se demanda?

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reajustes varios de la prestación previsional (redeterminación del haber inicial, actualización de remuneraciones futuras y pasadas, inconstitucionalidad de normas de movilidad —Ley 27.426, Ley 27.609—, pedido de actualización de la Prestación Básica Universal y rechazo de impuesto a las ganancias, entre otros).

¿Qué se resolvió?

La Cámara revocó parcialmente la sentencia de primera instancia; declaró la inconstitucionalidad de la metodología de actualización prevista por el art. 3 de la Ley 27.426 para remuneraciones entre el 31/03/1991 y el 28/02/2009, debiendo utilizarse para ese período el índice ISBIC; ordenó al organismo demandado que reajuste la prestación del actor a enero de 2021 con la diferencia entre lo percibido por los decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020 y la movilidad que hubiera correspondido de haberse aplicado la ley 27.426 (únicamente para enero y febrero de 2021); diferió para la etapa de ejecución el tratamiento de la inconstitucionalidad de la Ley 27.609, la incorporación de bonos/refuerzos extraordinarios y la inconstitucionalidad del DNU 274/2024; confirmó lo demás decidido en la instancia anterior; impuso costas de Alzada a ANSES y reguló honorarios (30% sobre lo fijado en la instancia anterior más IVA).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) “...si la comparación entre la actualización de las remuneraciones mediante el ISBIC arrojara montos superiores a la aplicación del RIPTE para el período anterior a febrero de 2009 inclusive, cuyo resultado signifique una disminución confiscatoria y regresiva deberá aplicarse la metodología que mejor resguarde la integralidad, proporcionalidad y sustitutividad del haber previsional con relación a los ingresos activos. En consecuencia, las remuneraciones devengadas hasta el mensual de febrero de 2009 inclusive, en caso de resultar más favorable, se ajustarán por el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), por lo que resulta inaplicable para este período el índice dispuesto por el art. 3 de la ley 27.426.”

2) “Bajo el influjo de tal exégesis constitucional, el Tribunal Cimero consideró que a los fines de alcanzar una solución razonable... debía considerarse de manera concreta, ‘qué incidencia tenía la ausencia de incremento de uno de los componentes de la jubilación [en el caso, la P.B.U.] sobre el ´total del haber inicial´ –pues éste es el que goza de protección [enfatiza el Superior]– y en caso de haberse producido una merma, constatar si el nivel de quita [con relación a la “situación de los activos”] resultaba confiscatorio.’ (Considerando Nº 10).”

3) “Corresponde revocar la sentencia de grado, en lo que respecta, y se propicia ordenar al organismo demandado que abone al titular las diferencias que pudieran surgir entre la movilidad percibida en virtud de los decretos dictados en el contexto de emergencia económica y la que le hubiera correspondido recibir de haberse aplicado la pauta de movilidad suspendida, únicamente para los meses de enero y febrero 2021.”

4) Sobre diferimiento: “...sería prudente diferir el tratamiento de la inconstitucionalidad de la ley 27.609 para la etapa de ejecución... Dictar un pronunciamiento definitivo en esta etapa podría superponerse y, eventualmente, obstaculizar los ajustes normativos que se están implementando, afectando la seguridad jurídica... En consecuencia, corresponde adoptar idéntica solución que con la ley 27.609 [para el DNU 274/2024].”

¿Cómo votaron los jueces?

No constan votos en disidencia; el decisorio fue adoptado por mayoría con adhesión expresada por los Dres. Fantini y Carnota al voto preopinante de la Dra. Dorado.