GONZALEZ, ANGEL OMAR c/ CAJA DE SEGUROS S.A. s/ORDINARIO
Reclamó el pago de la suma asegurada por incapacidad total y permanente y la multa prevista en el art. 52 bis LDC. La Cámara Comercial declaró nula la sentencia de grado, dictó nuevo fallo haciendo parcialmente lugar a la demanda, rechazó la multa del art. 52 bis y condenó a la aseguradora al pago resultante de la liquidación.
¿Quién es el actor?
Ángel Omar González.
¿A quién se demanda?
Caja de Seguros S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
cumplimiento de seguro colectivo de vida e incapacidad física total y permanente (suma asegurada y, además, daño punitivo conforme art. 52 bis LDC), con intereses y costas.
¿Qué se resolvió?
La Cámara declaró la nulidad de la sentencia apelada, ejerció la facultad del art. 253 CPCCN y dictó nuevo fallo: hizo parcialmente lugar a la demanda condenando a Caja de Seguros S.A. a abonar la suma que resulte de la liquidación conforme las pautas fijadas en el punto III.8; rechazó la multa prevista en el art. 52 bis de la Ley 24.240; e impostó las costas de ambas instancias a la demandada, sustancialmente vencida.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De su lectura no puede extraerse sobre qué elementos de prueba, ni con sustento en qué extremo fáctico concreto, el a quo tuvo por configurado el riesgo cubierto: no examinó si la incapacidad del actor alcanzaba el porcentaje exigido por el art. 3 de la cláusula de incapacidad -extremo expresamente controvertido al contestar demanda-, no se pronunció sobre la aceptación tácita invocada en la demanda y resistida por la aseguradora, ni sobre el resultado de la pericia médica ni sobre las impugnaciones que las partes le formularon. La importancia de esas omisiones no es menor: privaron a la demandada de la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, al impedirle conocer con precisión las razones por las que el primer sentenciante tuvo por acreditado el riesgo asegurado, viéndose obligada a rebatir una decisión cuyo fundamento real desconoce. Esa insuficiencia configura un defecto de fundamentación que compromete el cumplimiento de los recaudos que los arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 5° del CPCCN imponen a toda sentencia, en tanto exigen que la decisión constituya una derivación razonada de los hechos comprobados de la causa y no una mera afirmación dogmática."
"Establecida la aceptación tácita de cobertura, corresponde determinar el monto de la condena. La pericia contable dictaminó que el capital asegurado correspondiente al riesgo de incapacidad total y permanente asciende a $1.571.062,50, conforme al múltiplo de treinta sueldos previsto en la póliza, calculado a la fecha del cese laboral del actor (01.02.2021). Ese cálculo no se encuentra controvertido, en tanto la propia demandada, al contestar demanda, coincidió en idéntica cifra. En tales condiciones, la suma de $1.571.062,50 deberá ser actualizada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) desde el 10.01.2022 -fecha de mora, conforme lo expuesto en el punto anterior- hasta que dicha determinación adquiera firmeza..."
"En tales condiciones, la conducta de la demandada, aunque determinante de su responsabilidad por la vía de la aceptación tácita, no reúne la gravedad que justifique la sanción excepcional prevista en el art. 52 bis de la LDC, por lo que corresponde rechazar el rubro."
¿Cómo votaron los jueces?
No se registran votos en disidencia; los tres jueces adhieren al mismo acuerdo.
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
- Ley 17.454Codigo procesal civil y comercial de la nacion
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