SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMIA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO s/LEALTAD COMERCIAL - LEY 22802 - ART 22

¿Quién es el actor?

Sancor Cooperativas Unidas Limitada.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Ministerio de Economía - Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (Secretaría de Comercio Interior).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

impugnación del acto administrativo (Disposición 1560/23) que impuso una multa de $8.000.000 por infracción del art. 1° de la resolución 100/83 (reglamentaria del DNU 274/19) por no consignar el país de origen en envases/envoltorios; además se planteó inconstitucionalidad del DNU 274/19 y la desproporcionalidad del monto sancionatorio.

¿Qué se resolvió?

se rechazó el recurso interpuesto por Sancor Cooperativas Unidas Limitada, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN), y se regularon los honorarios de los letrados de la parte demandada conforme al considerando 12. (Se deja constancia de que el juez Marcelo Daniel Duffy no suscribe por encontrarse en uso de licencia.)

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En el caso, los funcionarios actuantes de la Secretaría de Comercio Interior se apersonaron, el 3/5/2023, en las instalaciones de la firma Sancor Cooperativas Unidas Limitada, sita en la ruta Panamericana, Km. 25, de la Provincia de Buenos Aires. Una vez allí —y en ejercicio de facultades legalmente conferidas—, labraron el acta 30544, en la cual constataron que 'los productos que la inspeccionada posee listos para la venta y que a continuación se detallan: ítem I. queso danbo marca Sancor peso neto 200g; ítem II queso pategras marca Sancor de venta al peso; ítem III queso danbo marca Sancor de venta al peso; todos ellos en oposición al art. 1° de la resolución 100/83, reglamentaria del decreto 274/2019 por no indicar el origen nombre del país donde fueron producidos o fabricados en sus envases o envoltorios de los productos arriba indicados' (cfr. EX-202320457813- -APN-DGD_MDP, págs. 2/5)."

"En otras palabras, las disposiciones aplicables a la materia: (i) confieren prevalencia al acta labrada, aunque admite la producción de prueba en contrario; (ii) no reclaman —por estricta voluntad legislativa— la participación de testigos al momento de su confección; y (iii) colocan en cabeza del recurrente la obligación de aportar elementos conducentes y con entidad suficiente como para desvirtuar las descripciones contenidas en el acta."

"Al respecto, vale poner de relieve que la Corte federal ha sostenido que, 'con arreglo al art. 993 del Código Civil y a la jurisprudencia establecida, las actuaciones de un expediente administrativo tienen el valor de instrumento auténtico y hacen plena fe de los hechos a que se refieren, mientras no sean argüidos de falsos (Fallos: 77:430, considerando 12) ...'"

Además, el Tribunal sostuvo expresamente que no se requiere la acreditación de un daño concreto para configurar la infracción, pues se trata de "una infracción formal, cuya constatación de hecho hace nacer por sí y como principio la responsabilidad del infractor" y que la multa de $8.000.000 "guarda una adecuada proporcionalidad con la conducta enrostrada, sin que se advierta exceso o rasgo alguno de arbitrariedad en el monto adoptado." Finalmente, respecto de costas y honorarios, el Tribunal impuso las costas a la actora y reguló los honorarios de los letrados de la parte demandada en la cantidad de 6 UMA ($648.030) para la Dra. Mariela Sonia Biga y 1,2 UMA ($129.606) para los Dres. Pablo A. Cunial y Juan I. Rodríguez Jalón (considerando 12).

¿Cómo votaron los jueces?

se deja constancia de que el juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy no suscribió por hallarse en uso de licencia; no se consignan votos en disidencia sustancial en el acuerdo final.