L. ,L. R. c/P. d. B. A. s/Inconstitucionalidad art. 32 inc. 5º, dec. ley 9020/78

¿Quién es el actor?

L. R. L., escribano titular de registro notarial.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, por vía de la Asesoría General de Gobierno.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 5º, primer párrafo in fine, del decreto-ley 9020/1978 —que dispone la inhabilidad perpetua y definitiva para ejercer funciones notariales a los condenados por delitos contra la propiedad o la fe pública— y, en consecuencia, su inaplicabilidad respecto del actor.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró que la cuestión litigiosa se ha tornado abstracta por falta de interés actual del actor —en virtud de la extinción de la acción penal por prescripción— y, en consecuencia, no corresponde emitir pronunciamiento sobre la constitucionalidad del precepto. Se impusieron las costas en el orden causado y se regularon honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"V. Sin necesidad de examinar las objeciones a la admisibilidad de la demanda opuestas por el señor Asesor de Gobierno, advierto de manera manifiesta, la falta de interés del demandante en obtener una sentencia de mérito respecto de la pretensión constitucional deducida.

En efecto, tal como lo señalara la señora Procuradora General en su dictamen (v. fs. 189), la afectación que habría de producir la norma objeto de esta demanda ha cesado al declararse la extinción de la acción penal por prescripción: al no haber condena respecto de los ilícitos investigados, no existen probabilidades ciertas de que se aplique el precepto cuya constitucionalidad -preventivamente- ha puesto en duda el actor."

"La norma cuya constitucionalidad se controvierte en el proceso, establece: 'No podrán ejercer funciones notariales ... Los condenados dentro o fuera del país por delitos no culposos, mientras dure la condena y sus efectos...La inhabilidad será perpetua y definitiva en el supuesto de que el delito hubiere sido contra la propiedad o la fe pública' (art. 32 inc. 5º, dec. ley 9020/1978)."

"2. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que no procede juzgar la validez constitucional de normas si no se conserva un interés concreto derivado de la subsistencia de efectos definitivamente producidos por aquéllas ... Por consiguiente, no conservando la parte actora un interés concreto derivado de la subsistencia de efectos producidos por la norma cuya constitucionalidad controvierte, cualquier decisión al respecto resultaría meramente teórica, inútil e inoficiosa y, por lo mismo, impropia de la función judicial (conf. art. 163 inc. 6, segunda parte, C.P.C.C.)."

¿Cómo votaron los jueces?

Todos los señores jueces (Hitters, Negri, Genoud y Soria) votaron en el mismo sentido. El bloque dispositivo final declara la cuestión abstracta e impone costas en el orden causado.