Echayre, Carlos Alberto c/Peugeot Citroën Argentina S.A. s/Despido
El actor reclamó la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561 por despido y cuestionó la validez de un convenio homologado administrativamente. La Suprema Corte rechazó por mayoría tanto el recurso de nulidad como el de inaplicabilidad de ley, considerando procedente la cosa juzgada administrativa por no haber sido impugnada en sede administrativa y por insuficiencia recursiva.
¿Quién es el actor?
Carlos Alberto Echayre.
¿A quién se demanda?
Peugeot Citroën Argentina S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pago de la indemnización prevista por el art. 16 de la ley 25.561 derivada de despido (se alega despido el 30-IV-2002 y se reclama duplicación de la indemnización).
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron el recurso extraordinario de nulidad y, por mayoría, el recurso de inaplicabilidad de ley. Se impusieron costas (arts. 298 y 289 C.P.C.C.). Texto dispositivo: "se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído. Respecto del de inaplicabilidad de ley también deducido, por mayoría, se lo rechaza; con costas (arts. 298 y 289, C.P.C.C.)."
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"1. La excepción de cosa juzgada, que la demandada opuso al progreso de la pretensión contra ella deducida, y que tuviera favorable acogida por los juzgadores de grado -independientemente del acierto de lo resuelto-, desplazó naturalmente el análisis y consideración de las cuestiones que el recurrente señala como preteridas.
Como bien es sabido -y conviene recordar- el art. 168 de la Carta local sanciona con la nulidad del fallo aquellas omisiones incurridas por el juzgador por descuido o inadvertencia, mas no cuando la materia aparece expresamente desplazada de consideración por las razones expuestas en la sentencia..., que es lo que en definitiva ocurrió en la especie."
y
"4. En efecto, advierto que los embates que exhibe el recurso devienen insuficientes, en cuanto han dejado sin réplica la esencial motivación de la sentencia que sostiene, justamente -con apoyo en doctrina de este Tribunal-, que no impugnada en sede administrativa la homologación del convenio obrante en el expediente, corresponde asignarle los efectos de la cosa juzgada.
Y sabido es que esta Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones de la parte interesada, déficit que impide la revisión del decisorio de grado, sellando así la suerte adversa del recurso."
(Asimismo, en el acuerdo final:) "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído. Respecto del de inaplicabilidad de ley también deducido, por mayoría, se lo rechaza; con costas (arts. 298 y 289, C.P.C.C.)."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. Kogan votó en disidencia sobre la segunda cuestión y propuso hacer lugar al recurso de inaplicabilidad y revocar el pronunciamiento que hizo lugar prematuramente a la excepción de cosa juzgada, indicando entre otros fundamentos: "la decisión del órgano judicial de grado resulta prematura... el tribunal del trabajo le adjudicó validez formal y sustancial a la resolución administrativa homologada, sin examinar ... las circunstancias fácticas y jurídicas en que el actor sustentó su acción", y propuso "devolviendo los autos al tribunal de origen para que, con distinta integración, prosigan según su estado." Pese a ese voto, la mayoría rechazó el recurso de inaplicabilidad.
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Leyes que cita
- Ley 25.561Emergencia publica y reforma del regimen cambiario
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