O. ,C. G. c/G. S. s/Daños y perjuicios

¿Quién es el actor?

C. G. O., por sí y en representación de sus hijos S. A. P. y F. C. P.

¿A quién se demanda?

Granone S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reparación integral por daños y perjuicios (arts. 1109 y 1113 C.C.) por la muerte de C. F. P. ocurrida el 9 de abril de 1997; en subsidio, indemnización prevista en la ley 24.557; planteos de inconstitucionalidad contra arts. 1°, 2, 14, 15, 39, 40, 46 y 49 y cláusulas adicionales 1°, 3° y 5° de la ley 24.557.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de nulidad y se hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; se revoca la sentencia de mérito en cuanto rechazó la demanda y se ordena el retorno de autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte pronunciamiento conforme a los lineamientos de la Suprema Corte. Se impusieron las costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Texto del fallo de grado citado por la Corte sobre la decisión inicial:

"establecida la reparación del daño, y aceptada por el damnificado, esa reparación no podía superponerse con otra sino que la excluía, quedando liberada la demandada. Consecuentemente careciendo la pretensión de la actora de andamiaje jurídico se impone su rechazo en todas sus partes (art. 499, Código Civil)."

2) Fundamento de la Suprema Corte para admitir el recurso de inaplicabilidad y revocar:

"Tal como anticipé, estimo que el recurso debe tener favorable acogida, en la medida que la solución arribada en la sentencia de grado no alcanza a dar respuesta a las pretensiones que estructuraron la relación jurídico procesal. [...] el acogimiento de la actora al régimen de renta vitalicia establecido por la ley 24.557, haya enervado la posición asumida en el escrito constitutivo de la acción ni agotado su objeto, importando una suerte de renuncia tácita de las objeciones allí formuladas contra los arts. 15 y 39 del citado régimen. Antes bien, dicha aceptación aparece ampliamente justificada a la luz del estado de necesidad que atravesó la viuda actora ... por lo que debió ser interpretado como un pago a cuenta de la indemnización integral pretendida al accionar..."

3) Lineamientos de la Corte sobre el procedimiento a seguir en grado (voto mayoritario):

"Resulta menester en autos verificar, ante todo, la eventual existencia de los presupuestos de responsabilidad contenidos en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil y, de comprobarse su presencia, establecer la extensión del resarcimiento proveniente de la aplicación de las normas del derecho civil. Sólo así podía encararse la cuestión constitucional planteada para luego, de obtenerse respuesta afirmativa al practicarse el cotejo económico exigido por la doctrina reseñada, avanzar en una condena que reparara integralmente el daño sufrido por los causahabientes, con la extensión en que fuera pretendido."

4) Instrucción sobre el destino de lo percibido del régimen especial:

"la instancia de grado, previo renovarse los actos procesales que se estimen pertinentes, deberá establecer la eventual existencia de los presupuestos de responsabilidad subjetiva y/u objetiva, y en tal caso, fijar el quantum resarcitorio a que dé lugar la muerte del señor P. bajo el régimen del derecho común, para luego efectuar el oportuno cotejo con las prestaciones otorgadas por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y, sólo después expedirse sobre la validez constitucional del art. 39.1 de la ley 24.557 [...] la empleadora estará obligada a afrontar la diferencia en más si la hubiere."

¿Cómo votaron los jueces?

La Corte votó por unanimidad en la segunda cuestión (inadmisibilidad de la aplicación del art. 39 en los términos procesales aquí seguidos), imponiendo la revocación parcial; rechazó por unanimidad el recurso de nulidad. La decisión mayoritaria fijó que corresponde reabrir la investigación de la responsabilidad civil y hacer el cotejo entre lo que resulte del derecho común y lo ya percibido por los actores.

Montos y fechas relevantes:

Fecha del siniestro: 9 de abril de 1997.

Transferencia acreditada por la prueba: $ 41.709, transferidos por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a Orígenes A.F.J.P. (fs. 271).