Biocca, Alberto y otro s/Inconstitucionalidad ordenanza tarifaria 2343/1991. Acción de inconstitucionaluidad

¿Quién es el actor?

Alberto Biocca e Irene Margarita Biocca de Chechi, por apoderado.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Ayacucho, por apoderado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la Ordenanza Tarifaria Nº 2343/1991 (en especial arts. 31, 32, 46, 47 y 50) que establece la “tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial” (tasa vial), por presunta vulneración de los arts. 1º, 9º, 10º y 27 de la Constitución provincial (texto anterior), por ser supuestamente progresiva, confiscatoria, violatoria de la ley de convertibilidad y aplicable retroactivamente mediante decreto ejecutivo.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda de inconstitucionalidad. La Corte consideró improcedente la acción por falta de suficiente fundamentación técnica y, alternativamente, concluyó que la ordenanza no resulta inconstitucional en sus aspectos discutidos (no es impuesto sino tasa; la progresividad y las categorías no violan la igualdad; no acreditada confiscatoriedad; alegato sobre retroactividad remitido a decreto distinto y materia ajena).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la improcedencia formal por falta de fundamentación:

"La pretensión deducida carece del mínimun de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal el ejercicio de la atribución que le acuerda el art. 161 inc. 1º de la Constitución local... el escrito de fs. 1/16 vta. -pese al esfuerzo de la actora- es inadecuado a tales fines pues se limita a afirmar que la ordenanza tarifaria 2343 ... resulta contraria a las cláusulas de la Constitución de la Provincia contenidas en sus arts. 1º, 9º, 10º y 27 (n.a.), sin especificar en momento alguno como es que ... las disposiciones de la ordenanza municipal que impugna las contraviene."

Sobre la inadecuación de la vía cuando se impugna la aplicación concreta:

"No procede la acción de inconstitucionalidad si lo que se impugna es, no la validez constitucional en sí de una ley, ordenanza o reglamento, sino su aplicación -en el caso, la de una regla impositiva-, con relación al accionante; pues si bien la aplicación concreta de un precepto puede afectar principios constitucionales, ello nada tiene que ver con la validez del precepto en abstracto, que es lo único que puede discutirse mediante la acción de referencia."

Sobre la naturaleza de la tasa y la progresividad:

"Por la sola razón de medirse en base a la cantidad de la tierra de propiedad del contribuyente la tasa no se transforma en impuesto... El gravamen cuestionado es indudablemente una tasa pues tiene su fundamento en la prestación de un servicio y su base de medición pudo tener en cuenta la capacidad económica del obligado..."

"La garantía de igualdad... no supone, al menos necesariamente, una igualdad aritmética o absoluta... Parece razonable y congruente que la medición o base imponible de la tasa en cuestión guarde directa proporción con el volumen territorial de cada usuario."

Sobre la confiscatoriedad y la carga probatoria:

"Las impugnaciones basadas en la cuantía del gravamen sólo deben acogerse en caso de que se demuestre que en su aplicación al volumen o giro patrimonial del contribuyente, resulta prohibitivo, destructivo o confiscatorio... estimo que la actora no ha logrado acreditar ninguno de estos extremos..."

Sobre la retroactividad y el decreto ejecutivo:

"Respecto de la alegada aplicación retroactiva... la invocada lesión constitucional no se originaría en lo dispuesto en el art. 50 de la citada ordenanza sino de un decreto del Departamento Ejecutivo... Es indudable que el efecto liberatorio del referido pago resulta una cuestión ajena a la presente vía..."

¿Cómo votaron los jueces?

La primera cuestión (procedencia formal) fue resuelta afirmativamente por mayoría (votos de Negri y otros) respecto a que debía plantearse; sin embargo, el voto mayoritario en el tratamiento final concluye por el rechazo de la demanda (la decisión final recoge los votos que sostienen la improcedencia o la carencia de prueba suficiente y la negativa a la segunda cuestión). Las costas se impusieron mayoritariamente a la actora en la decisión final.