González, Gloria Carmela y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Gloria Carmela González (ex Subdirectora Contable del Ministerio de Acción Social) y Juan Pedro Santi (ex Director de Administración Contable).

¿A quién se demanda?

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de las resoluciones del Tribunal de Cuentas de fecha 14/4/1998 (imposición de llamado de atención y cargos pecuniarios personales y solidarios por $200.992,21 y $106.288,62, respectivamente, y desaprobación de erogaciones) y 21/10/1998 (rechazo del recurso de revisión), así como la declaración de caducidad/aprobación automática de las cuentas; además, la prohibición de innovar (medida precautoria).

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se rechazó la demanda y se dejó sin efecto la medida cautelar. Se confirmaron las decisiones del Tribunal de Cuentas que desaprobaron erogaciones y aplicaron cargos pecuniarios en los términos analizados por el órgano de control.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Entiendo que sobre este punto le asiste razón a Fiscalía de Estado. El asunto de autos no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en el aludido art. 17, en tanto dicha norma prevé límites y modalidades en orden al accionar de la Contaduría General provincial con relación a la 'cuenta general del ejercicio vencido'. Tampoco cabe subsumirlo en las previsiones del art. 46 del mismo cuerpo legal... De allí que en oportunidades anteriores esta Suprema Corte haya sostenido la inexistencia del régimen de caducidad de la competencia del Tribunal y de aprobación tácita de las cuentas municipales (doctr. causas B. 61.817, 'Gómez', sent. de 8-2-2006; B. 56.824, sent. de 14-7-2010). En el contexto reseñado no resulta ilegítimo lo actuado por el Tribunal de Cuentas que, en uso de facultades que le son propias (arts. 14, 15, 16, 18 y ccs. de la ley 10.869 y sus modif.) postergó su decisión..."

"El Tribunal de Cuentas efectuó las observaciones indicadas, confirió los traslados de rigor, acreditó las irregularidades y asentó sus conclusiones en el pormenorizado estudio de la Relatoría actuante. La resolución impugnada evidencia un acabado detalle de las razones que condujeron al organismo de control a adoptar su decisión, todo ello con sustento normativo en la ley 10.869, modificada por la ley 10.876, ya señaladas. De tal modo, la imposición de los cargos pecuniarios aparece como el acertado correlato de las irregularidades acreditadas, resuelta por el organismo demandado en el ejercicio de sus propias atribuciones (art. 16 inc. 4°, ley cit.)."

"Por las razones expuestas, y toda vez que los actores han omitido desplegar actividad probatoria tendiente a acreditar el supuesto de hecho sobre el que asientan su pretensión, corresponde desestimar la demanda entablada."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Soria, en disidencia parcial respecto de la mayoría, consideró que debía dejarse sin efecto el cargo relativo a la ausencia de planillas de liquidación de servicios extraordinarios por haberse acreditado la responsabilidad administrativa patrimonial de la Jefa del Departamento de Haberes (Ana María de Nuptis) en sumario interno, y asimismo anular el cargo referido a la falta de formularios de alta de inventario por no estar acreditado el perjuicio fiscal. No obstante, la decisión final por mayoría rechazó la demanda.

Fechas y montos relevantes: resoluciones del Tribunal de Cuentas de 14-IV-1998 y 21-X-1998; montos reclamados señalados en la demanda $200.992,21 (González) y $106.288,62 (Santi); suspensión de ejecución de fallos dispuesta por esta Corte el 19-X-1999; resolución interna del Contador General 251/2003 con perjuicio atribuido a De Nuptis por $171.239 (aportada por los actores como hecho nuevo).