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Tribunal Superior

Lunghi, Miguel Ángel c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Recurso directo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

El Intendente Lunghi promovió amparo contencioso-administrativo contra resolución del Tribunal de Cuentas por extralimitación en el uso de créditos presupuestarios en el ejercicio 2005. La Suprema Corte rechazó el recurso directo por insuficiente fundamentación, sosteniendo que la Cámara y el Tribunal de Cuentas acreditaron los excesos y la graduación del cargo pecuniario.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
A-73179
Recurso directo Inaplicabilidad de ley Insuficiente fundamentacion Tribunal de cuentas Extralimitacion presupuestaria Cargo pecuniario Ley organica de las municipalidades art. 123 Control administrativo Costas Cuantia $7.765.056 48 / sancion $26.187

¿Quién es el actor?

Miguel Ángel Lunghi, Intendente.

¿A quién se demanda?

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de la resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 21-10-2010 (exp. 4114/05 "Municipalidad de Tandil - Ejercicio 2005") que impuso cargo pecuniario por extralimitación en uso de créditos presupuestarios del ejercicio 2005.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso directo de inaplicabilidad de ley o doctrina legal por insuficiente fundamentación; se impusieron las costas al recurrente vencido.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Me permito destacar, en primer término, que uno de los fines del Honorable Tribunal de Cuentas, como organismo constitucional de control, es favorecer el control de los funcionarios, evitando el manejo negligente e imprudente de los fondos públicos, así como garantizar la transparencia en la gestión. La responsabilidad aquí juzgada por el órgano de control es la administrativa y ordenada además a la recomposición del erario público.

La naturaleza pecuniaria del cargo, a diferencia de las multas, es resarcitoria o reparatoria del perjuicio y, tal como ha sostenido esta Corte, indica que su aplicación supone no ya la presunción de un perjuicio, sino la certeza de su existencia (doct. causa B. 55.953, "Lozano", sent. de 7-2-2001).

Llega incólume a esta instancia extraordinaria que la gestión del Departamento Ejecutivo municipal en Tandil, durante el ejercicio 2005, incurrió en extralimitaciones en el uso de créditos presupuestarios autorizados para dicho ejercicio.

... finalmente el Honorable Tribunal de Cuentas ... verificó finalmente que los excesos sin posibilidad de financiación ascendían a la suma de siete millones setecientos sesenta y cinco mil cincuenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos. En razón de ello se formuló el cargo pecuniario al Intendente Lunghi ... que fijó en la suma de veintiséis mil ciento ochenta y siete pesos con sesenta y siete centavos."

"De la reseña efectuada en el apartado anterior se sigue que la parte aquí recurrente, frente a los fundamentos de la alzada, se limitó a ofrecer su particular punto de vista diverso a la línea argumental desplegada por la Cámara, sin controvertir adecuadamente los fundamentos en los que cimentó su decisión.

Resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del a quo, sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio (conf. A. 71.412, "Valenti", sent. de 16-12-2016)."

"Por tales razones, juzgo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor debe rechazarse por haber sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC), con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008; 68 y 289 in fine, CPCC)."

Observaciones sobre la valoración: la Corte aplicó la regla de inadmisibilidad por insuficiente fundamentación en vía extraordinaria (art. 279 CPCC), confirmó que la Cámara y el Tribunal de Cuentas acreditaron los excesos presupuestarios (exceso sin posibilidad de financiación por $7.765.056,48) y que la sanción final fue morigerada a $26.187,67. No se admitió que el planteo sobre estado de necesidad/ fuerza mayor ni la supuesta objetivación de la falta configuren absurdo o desvío que permita control casatorio de la valoración probatoria.

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