Unibike S.A. c/ ARBA s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

¿Quién es el actor?

Unibike S.A. y Gabriel Hugo Morbelli.

¿A quién se demanda?

ARBA (Tribunal Fiscal de Apelación; Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo confirmó la caducidad en primera instancia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la resolución 2.271 que declaró la caducidad del procedimiento administrativo por falta de acreditación del pago de la contribución y del anticipo previsional (arts. 12 inc. "g" y 13 y art. 15, ley 6.716, y arts.127/128, dec. ley 7.647/70).

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; se revoca la sentencia de la Cámara; se anula la resolución 2.271; se ordena devolver las actuaciones al Tribunal Fiscal de Apelación para que continúe el trámite. Las costas se imponen a la demandada vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por un lado, el art. 12 inc. 'g' de la ley 6.716 -texto según ley 10.628- establece que el capital de la Caja de Previsión Social para Abogados se integra, entre otros conceptos, con '...una contribución a cargo del obligado al pago de la Tasa de Justicia, del diez (10) por ciento de su importe, que se abonará conjuntamente con aquélla'. Inmediatamente, el precepto agrega: 'En las actuaciones con intervención letrada ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones será del dos por mil (2‰) del valor cuestionado'. A su turno, el art. 15 de la misma normativa indica: 'En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, los Jueces y Tribunales, así como los funcionarios y Tribunales de la Administración Pública y de Entes Públicos no estatales -con jurisdicción en el mismo-, no darán trámite alguno a las peticiones formuladas por afiliados de la Caja o patrocinadas por ellos, sin que acrediten el pago del anticipo del artículo 13° y/o la parte obligada el de la contribución del inciso g) del artículo 12, según el caso'. Por último, los arts. 127 y 128 del decreto ley 7.647/70 prevén que, '[t]ranscurridos seis meses desde que un procedimiento promovido por un interesado se paralice por causa imputable al mismo, se producirá su caducidad...', la cual '...se declarará de oficio al vencimiento del plazo...'."

"De allí que esta Suprema Corte haya reprochado la actuación del Tribunal Fiscal de Apelación que conspira contra los principios y reglas que informan el procedimiento administrativo en punto al impulso de oficio, celeridad, economía y eficacia en el trámite... A la luz de tales directrices, parece evidente que las autoridades del Tribunal Fiscal de Apelación no estaban obligadas a actuar en el caso planteado como lo hicieron, es decir que no tenían necesariamente que intimar por única vez al cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con el financiamiento de una Caja profesional, para luego considerar paralizadas las actuaciones hasta tanto se regularizara dicha situación y, transcurridos seis meses, declarar sin más la caducidad del procedimiento administrativo... Antes de arribar a tan gravosa conclusión, el Tribunal Fiscal de Apelación pudo y debió ejercer las facultades con que cuenta para hacer avanzar el trámite, habilitando en su caso la efectiva subsanación de aquellas deficiencias formales..."

(Se consideró aplicable supletoriamente el art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina de formalismo moderado; se concluye que la caducidad fue consecuencia de un exceso de rigor que vulneró el derecho de defensa, la tutela administrativa continua y el acceso irrestricto a la jurisdicción.)