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Tribunal Superior

Cocha, Nicolás Alberto s/ Demanda contencioso administrativa. Impugnación de sanción en materia de empleo público (proceso sumario)

El actor impugnó la cesantía dispuesta por decreto 228/97 y reclamó su reincorporación y salarios devengados. La Corte provincial rechazó la demanda por considerar que el decreto estuvo suficientemente motivado y que la terminación penal por prescripción no obliga a la autoridad administrativa a arribar a idéntica conclusión.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-61651
Contencioso administrativo Sancion disciplinaria / cesantia Empleo publico Prescripcion penal / sobreseimiento Motivacion del acto administrativo Potestad disciplinaria Exceso de punicion Precedente administrativo (nazar anchorena) Loteria nacional / casinos Principio de razonabilidad

¿Quién es el actor?

Nicolás Alberto Cocha, por apoderado.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Vicegobernador y Poder Ejecutivo / Lotería Nacional en su administración transferida).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad del decreto 228/97 que le aplicó la sanción de cesantía en el marco del sumario administrativo 1073/86; reincorporación al empleo, cómputo de la antigüedad y pago de haberes dejados de percibir desde la suspensión preventiva, con intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Se rechaza la demanda. Costas por su orden. Se regulan honorarios al letrado apoderado del actor en $209.446 más adicionales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Con la prueba producida en autos se acredita que la causa penal 4.082/86 ... fue concluida al declararse, por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la prescripción de la acción, y que, en consecuencia, se sobreseyó total y definitivamente al señor Cocha" (cons. III.2 y IV.3.b).

"Los elementos de convicción acumulados en el sumario administrativo deben apreciarse con criterio de responsabilidad administrativa y no penal... los hechos y circunstancias que fueran acreditados durante ese proceso pueden y deben ser considerados por la autoridad administrativa disciplinaria para analizar la responsabilidad administrativa del agente, pero en modo alguno ha de entenderse que la decisión judicial deba ser replicada en el ámbito administrativo" (IV.3.a).

"El decreto provincial no solo precisó las faltas imputadas, sino también las pruebas que ponen en evidencia las conductas recriminadas, indicando puntualmente las normas en que encuadró los actos reprochados... entiendo que el acto sancionatorio cuestionado en autos ha sido debida y adecuadamente motivado (arts. 103 y 108, dec. ley 7.647/70)" (IV.4.c).

"Para la falta imputada, esto es, incumplimiento de los deberes establecidos en el art. 27 inc. 'b' de la ley 22.140, el art. 32 inc. 'f' del referido régimen preveía expresamente la sanción de cesantía... Ante el cuestionamiento judicial, incumbe al actor acreditar la existencia de ilegitimidad, irrazonabilidad o exceso de punición -que es lo que aquí se denuncia, mas sin demostrarse- en el ejercicio de tal facultad" (IV.4.d).

"Con relación al precedente invocado por el actor no concurren las exigencias requeridas por la doctrina de esta Corte... en la especie no concurre la identidad objetiva, esto es, las circunstancias sobre las que se estructura el caso, por lo que no corresponde la aplicación del precedente invocado" (IV.5).

¿Cómo votaron los jueces?

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden" (Sentencia final).

(No hubo disidencias que modificaran el dispositivo; los votos de los jueces Soria, Torres y Genoud adhieren a la negativa de la ponente Kogan.)

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