Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires c/Municipio de la Costa s/Inconstitucionalidad ordenanza 1229/1992 y decretos 1213/1992 y 1247/1992

¿Quién es el actor?

Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de la Costa.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza municipal 1229/1992 y de los decretos 1213/1992 y 1247/1992 por entender que vulneran diversas disposiciones de la Constitución provincial al alterar la regulación provincial sobre el ejercicio de profesiones liberales y las atribuciones del Colegio (visado previo de expedientes, control de matrícula y previsional).

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte declaró que la cuestión litigiosa se tornó abstracta debido a la dictación posterior, por el Departamento Ejecutivo municipal, del decreto 102/2001 (20-II-2001) que revocó la reglamentación controvertida y reconoció la potestad de control en cabeza del Colegio de Técnicos; por ello no corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas. Se impusieron las costas en el orden causado y se regularon honorarios para los letrados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, mediante el nuevo ordenamiento se revoca expresamente la reglamentación contenida en el decreto 1247/1992 y se establece la exigencia para los profesionales matriculados en el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, de la presentación de la constancia de haber sido controlado el cumplimiento de las normas previsionales por su ente de colegiación.

A raíz de ese cambio normativo ha quedado modificada la situación que dio origen a la presente demanda, pues tal como lo afirma la actora en su última presentación (v. fs. 205), en la actualidad no existe conflicto alguno desde que el municipio accionado ha reconocido –a través del decreto 102/2001- la potestad de control en cabeza del Colegio de Técnicos.

Como el hecho que produjo la extinción de la controversia tuvo lugar cuando la causa se hallaba en estado de pronunciar sentencia y no medió desistimiento de parte, corresponde declarar en esta oportunidad que la cuestión se ha tornado abstracta y que, por ello, no procede abrir juicio acerca de los argumentos y pretensiones de los litigantes (conf. art. 163 inc. 6, segunda parte, C.P.C.C.)."

"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, declárase que la cuestión litigiosa se ha tornado abstracta, por lo cual no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

Las costas se imponen en el orden causado (arts. 163 incs. 6 -segundo apartado- y 8, 68, segunda parte y 73, C.P.C.C.)."

Nota sobre intervención del Ministerio Público: el Procurador General dictaminó a favor del progreso de la demanda (fs. 199/202), lo que fue tenido en cuenta pero no produjo pronunciamiento sustantivo por la extinción del interés.