Otero, Graciela Irma c/ Provincia de Buenos Aires -IOMA- s/ Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Graciela Irma Otero, en causa propia.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires - I.O.M.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

anulación de la resolución 855/2002 que denegó el reconocimiento de los servicios prestados como practicante rentada (9-XI-1989 a 1-VIII-1995) para el cálculo de la bonificación por antigüedad y licencia anual; pago de diferencias por adicional por antigüedad, horas extras e integración de aportes previsionales.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar parcialmente a la demanda. Se anula en lo pertinente la resolución 855/2002 y se ordena al I.O.M.A. computar el período 9-11-1989 a 1-8-1995 para el cómputo de la antigüedad, recalcular y pagar las diferencias salariales por adicional por antigüedad y horas extras desde la fecha de devengamiento hasta el pago efectivo, e integrar la diferencia de aportes. Se fijan intereses conforme a la tasa pasiva más alta del Banco Provincia y plazo de pago de 60 días desde la firmeza.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De las normas transcriptas surge que la única exigencia para la procedencia de la pretensión de autos es el desempeño de tareas en relación de dependencia con el Estado nacional, provincial o municipal."

"Las prácticas rentadas implican, en lo que aquí interesa -junto a otras modalidades como pasantías y residencias- un sistema que, a través del cumplimiento de tareas remuneradas y dependientes permite que los alumnos universitarios mejoren su preparación con vistas a su incorporación a la práctica profesional... Desde ese punto de vista, es claro que no existe un vínculo de empleo público entre el Estado provincial y un practicante rentado. Sin embargo, ello no empece el reconocimiento del tiempo transcurrido durante el desarrollo de las prácticas a los fines de la antigüedad toda vez que lo determinante del caso -a la luz de la doctrina referida- es que se hubiera puesto la fuerza de trabajo a las órdenes del Estado provincial."

"En primer lugar considero que le asiste razón a la accionante en punto a que el acto atacado -res. 855/02- sólo se ha sustentado en los dictámenes de órganos consultivos que le fueron desfavorables, dejando de lado, sin argumentación alguna, lo expuesto en el precedente allí citado por la Asesoría General de Gobierno... no puede válidamente la autoridad con competencia resolutoria, apartarse infundadamente de lo allí expuesto, omitiendo brindar las razones o los motivos que condujeron a separarse de la referida opinión legal..."

"En tales condiciones, entiendo que la denegatoria plasmada en el acto impugnado, resulta ilegítima e infundada (art. 108 inc. 'c', dec. ley 7647/1970 y su doct.). En consecuencia, corresponde anular la resolución 855/2002 y condenar a la accionada a efectuar el reconocimiento de los servicios prestados por la actora a los fines del cómputo de la bonificación por antigüedad, por el período transcurrido desde el 9-XI-1989 hasta el 1-VIII-1995..."

¿Cómo votaron los jueces?

Mayoría integrada por Pettigiani, de Lázzari, Negri y Soria (Pettigiani voto principal; de Lázzari, Negri y Soria adhirieron, con salvedad de Negri sobre partes del razonamiento). Bloque dispositivo final consagra la decisión de la mayoría.